El expresidente del Senado Javier Rojo y otros cinco exsenadores han optado por recibir la indemnización por cese que ofrece la Cámara Alta, descartando así percibir cualquier otra retribución con cargo a presupuestos públicos, como la pensión por jubilación, o que provenga de una actividad privada, según han informado fuentes del Senado.

Esa indemnización consiste en un mes de asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, hasta un máximo de 24 mensualidades. Además, se requiere haber sido parlamentario al menos dos años. Actualmente, la asignación mensual son 2.813,91. Un senador que haya permanecido seis legislaturas en su escaño, 24 años, percibiría lo máximo, 67.533,84 euros brutos. En cambio, haber estado solo una legislatura da derecho a cobrar cuatro mensualidades, esto es, 11.255,64 euros.

Por ejemplo, el expresidente Javier Rojo, ha sido senador desde junio de 1993 hasta diciembre de 2011. Son casi 18 años. Contabilizamos 17 años. Así, percibirá 47.836,47 euros brutos.

Para cumplir con el decreto de recortes aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso a principios de julio, la Mesa de la Cámara Alta decidió por unanimidad declarar incompatibles las indemnizaciones por cese de los parlamentarios o la del expresidente de la Cámara con cualquier otra retribución que reciban y estableció de plazo hasta el pasado 4 de septiembre para optar por una de las dos vías.

Tras finalizar dicho plazo, han sido cinco, de alrededor de una treintena, los exsenadores, además de Rojo, que han decidido seguir percibiendo la indemnización por cese del Senado. Se trata de los 'populares' Luis Manuel Fraga y Juana Borrego, del exsenador del PSOE Juan Pascual Azorín, y de los exsenador del PSC José María Batlle y Ramón Aleu. Todos ellos, al optar por la indemnización del Senado, perderán, además de las otras indemnizaciones, el derecho a asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Incompatibilidades

Hasta ahora se suspendía en caso de que el ex parlamentario volviera a ser elegido miembro de las Cortes Generales o de cualquier asamblea de comunidad autónoma, o percibiera similar indemnización de alguna de ellas. Tampoco podía percibirla quienes desempeñaran "un cargo público electo o de libre designación con retribución salarial" o tuviera reconocido derecho a indemnización por eso mismo.

Esas limitaciones siguen vigentes y se añade la de cualquier retribución pública, por lo que la indemnización por ex parlamentario será incompatible, por ejemplo, para los funcionarios de la administración que regresen a su puesto.

También será incompatible con cualquier retribución procedente de actividad privada, y se incluye la pensión indemnizatoria a quienes sean a partir de ahora ex presidentes del Congreso o del Senado. Igualmente, serán incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio.

Las únicas excepciones, es decir, los únicos que podrán acceder a esa indemnización, serán quienes no tengan ninguna otra retribución y los ex miembros del Gobierno sujetos a conflicto de intereses según la ley que regula esas situaciones.

Devoluciones

Asimismo, la semana que viene se decidirá la fecha en la que entrará en vigor, previsiblemente con carácter retroactivo, la incompatibilidad de cobrar la indemnización por cese del Senado junto con otro tipo de retribuciones, con el objetivo de investigar los "cobros indebidos" de aquellos exsenadores que ya no tengan derecho a recibir la indemnización por cese al haberla rechazado pero que habrían seguido percibiéndola hasta ahora.   

De este modo, se prevé que se fije el 13 de julio, día en el que el Congreso convalidó el real decreto ley aprobado por el Gobierno que establecía la nueva normativa, como fecha para determinar la cantidad de dinero que deben devolver dichos exsenadores, y que podría oscilar entre los 300 y los 2.000 euros.