La actual situación económica internacional está provocando una ralentización en el progreso económico y social, ya no sólo de España, sino también de Europa, lo que ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales y organizativas de nuestro actual modelo. Debido al fuerte impacto que está provocando esta crisis en España, es necesario y recomendable emprender una profunda transformación para volver, cuanto antes, a la senda del progreso y del bienestar.

La Administración del siglo XXI debe estar basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la cohesión. La Administración Pública nunca debería ser entendida como un sistema de control/supervisión, sino como un espacio dinámico de colaboración, ayuda y compartición de responsabilidades económicas, sociales y medioambientales, entre los poderes públicos y la ciudadanía.

El mejor conocimiento de sus procesos y servicios, así como de su impacto en los ciudadanos es un valor clave de las Administraciones. Aspecto que hay que cuidar, promocionar y extender a todos los estamentos administrativos para lograr que las actuaciones de los poderes públicos sean más eficientes, más productivas, de mayor calidad y plena confianza.

La sostenibilidad de las Administraciones es uno de los factores determinantes para reducir el coste del funcionamiento de las mismas. La rentabilidad de las actuaciones administrativas debe ser tratada con especial cuidado: normativa que elimine burocracia innecesaria, servicios públicos inteligentes que aporten ahorros o beneficios a la ciudadanía, simplificación de trámites administrativos y burocráticos, son algunos ejemplos de las medidas más inmediatas a considerar. Además, el uso de las TIC y de la Administración Electrónica son elementos catalizadores de sostenibilidad ya que contribuyen no solo a un ahorro significativo de costes y optimización de recursos, sino que favorecen una Administración más competitiva, rápida y ecológica.

La cohesión, coordinación y colaboración de los diferentes órganos administrativos es un factor crítico en nuestro país para conseguir una Administración Pública homogénea y armónica, centrada en las necesidades de la sociedad. El establecimiento de un marco competencial adecuado y la existencia de órganos de colaboración reglamentariamente organizados son algunos de las claves para conseguirlo.

Como bien afirma el artículo 103 de nuestra Carta Magna, la Administración Pública tiene su fundamento de existencia en que tan sólo ella sirve de manera objetiva los intereses generales de igual manera a la sociedad, al ciudadano y al empresario. Sin vocación de servicio no tiene legitimación alguna y debe, por tanto, ser replanteada en su misión y principios.

La existencia de las Administraciones Públicas se justifica fundamentalmente por tres aspectos:

• Son garante de los derechos y libertades de los ciudadanos
• Son el agente económico que gestiona el 40 por ciento del Producto Interior Bruto y emplea al 14 por ciento de la población española.
• Conforme se consigue una Administración más eficiente, más participativa y más transparente, esto profundiza nuestra democracia, legitima a los poderes públicos y revitaliza su compromiso permanente con la sociedad y los intereses generales.

Sin hacer un análisis muy exhaustivo, cualquier persona o empresa que haya trabajado en algún momento para una Administración Pública se habrá percatado de, al menos, cuatro problemas que caracterizan a la misma, esto es:

• Desajustes entre las estructuras administrativas y las funciones que hay que llevar a cabo.
• Proliferación de una legislación y normativa de mayor complejidad.
• Existencia de procedimientos administrativos de resolución lenta y con una gran carga burocrática.
• Descoordinación de la actuación de los órganos administrativos conduciendo, en muchos casos,  a soluciones TIC repetitivas.

Es por ello, entre otras muchas cosas, por lo que el modelo actual de Administración con organismos en parte no cohesionadas y con competencias, en muchos casos duplicadas, debe desaparecer durante los próximos años. La vía de salida pasa por la promoción de un nuevo modelo más simple, colaborativo, flexible y abierto, donde haya participación de todos los agentes sociales y económicos, en el que se delimiten mejor las áreas competenciales, exista una normativa común, clara y concisa, y los servicios públicos utilicen al máximo las tecnologías.

Los ciudadanos debemos exigir que la Administración Pública sea uno de los motores en los que se base la recuperación económica, tan deseada por todos, aportando para ello la creación y la regulación de condiciones favorables que ayuden a crear riqueza, básicamente a través del emprendedurismo y la innovación, así como mediante el ahorro/austeridad y el rigor institucional.

Y para todo ello, la Administración debe acometer una importante  modernización interna que aumente la calidad de la organización de la misma, establezca mecanismos de gestión más ágiles y transparentes e implante medidas de control del rendimiento de las actuaciones, así como de los ahorros y retornos de inversión generados. En este sentido, es fundamental promocionar los procesos y fases de evaluación para conocer el “retorno” y repercusión de nuestra inversión.

Para todos aquellos que quieran profundizar en estos temas, los próximos 27 y 28 de septiembre el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP organiza, en la sede del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, el III Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 2012. Desde la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL hemos acordado una serie de ventajas para nuestros socios además de asistir como coordinadores de la mesa Gestión, capacidades gerenciales y función pública. Una magnífica oportunidad que no te puedes perder si te interesa la Ciencia de la Administración.