MADRID (EUROPAPRESS).- Izquierda Unida cree que para mejorar la gestión del gasto público es imprescindible llevar a cabo una reforma de la Ley de Transparencia, que pase por incluir a la Casa Real y al Banco de España en su ámbito de aplicación y que la equipare más a la legislación europea al respecto.

Así lo ponen de manifiesto en el documento económico que la coalición tiene previsto votar este sábado en su Consejo Político Federal para ser después remitido a la X Asamblea General que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre.

Según Izquierda Unida, frente a las "políticas de austeridad y recortes" es posible desarrollar un "modelo alternativo de gestión del gasto público" que incluya, entre otras cosas, la reforma de la Ley de Transparencia, cuyo proyecto de ley fue admitido a trámite por la Mesa del Congreso el pasado martes y ante el cual IU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Gobierno decidió dejar fuera del margen de aplicación de esta norma a la Casa Real por no ser una administración pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

Subidas de salarios

En el citado documento, que lleva por título "La alternativa económica de IU frente a la crisis", la coalición de izquierdas también defiende la necesidad de poner en marcha "un nuevo modelo de relaciones laborales que sitúe el contrato indefinido como la norma, elimine la precariedad laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres".

Asimismo, aboga por derogar las "reformas laborales aprobadas por PSOE y PP, estableciéndose medidas de subida del salario y las pensiones mínimas y de reparto del trabajo", fijando jornadas laborales de 35 horas, y recuperando la "jubilación con derechos plenos a los 65 años y voluntaria a los 60".

En este apartado también proponen "eliminar la figura del becario", recuperar "el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida" y la "supresión" de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro", así como penalizar fuertemente "los despidos con beneficios, las deslocalizaciones industriales y las viviendas, locales y oficinas vacíos".

Alternativas

Dichas propuestas tienen como objetivo, según explica IU, desarrollar "un nuevo modelo productivo alternativo" que haga frente a las políticas neoliberales" que está aplicando el Gobierno y que, a su juicio, no darán resultado en la lucha contra la crisis. "La recuperación del sistema productivo no es posible con las políticas del PP", denuncian.

En este sentido, aseguran que la recuperación no pasa por dar "continuidad" al actual modelo productivo y apostar por "un turismo de masas de baja calidad" y por "proyectos como Eurovegas como sustituto de la construcción", sino "introducir la democracia en la economía", desarrollar legalmente la exigencia del cumplimiento de los derechos subjetivos de la Constitución y "modificar profundamente el sector financiero".

Entre las medidas concretas propuestas por IU a este respecto, se encuentra la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad financiera así como "la incorporación al texto de la Constitución Española el principio de garantía del gasto social".

Impuestos y gasto social

De este modo, "frente a las "políticas de contención del déficit introducidas en la Constitución por el pacto bipartidista PP-PSOE", IU propone modificar la política fiscal para conseguir "la misma contribución fiscal" y el mismo "gasto social" que la media de la zona euro, lo que supone un incremento de seis y siete puntos respectivamente, así como conseguir el mismo nivel de fraude fiscal y el mismo porcentaje de economía sumergida que en la zona euro.

En esta línea, IU propone "impulsar el nuevo modelo productivo alternativo a través de una reforma fiscal global" que sea "justa y progresiva" y que incluya, entre otras cosas, la eliminación de "gran parte de desgravaciones fiscales del impuesto de sociedades" y un nuevo sistema de "fiscalidad verde" bajo el principio de "quien contamina paga". Así, sugiere la "aprobación de una tasa de CO2" y el incremento de los impuestos sobre la energía en España, teniendo en cuenta que "son de los más bajos de Europa y que existe información suficiente para que la subida de impuestos energéticos pudiera hacerse por tramos, introduciendo cierta progresividad en función del consumo".

Además, asegura que "el sistema financiero debe ser estrictamente regulado" y que "las únicas instituciones financieras de envergadura sistémica deben ser las públicas". En este sentido, defienden la creación de una "banca pública" que garantice la existencia del crédito necesario para las pyme.