Quedan tres semanas para que acabe el verano, pero el curso político hace días que comenzó. Desde Sueldos Públicos intentaremos que al Gobierno no se le olvide que además de los rescates, el IVA, las elecciones gallegas y vascas, el fútbol y lo toros tiene una cita con la transparencia.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -el texto todavía no es definitivo y sigue su trámite legislativo correspondiente- aportará algo más de luz a la gestión pública. Es lo que pretende el Gobierno, más por imperativo de Europa que por voluntad política o convencimiento propio. No obstante, el documento adolece de tantos fallos, carencias, lagunas e imprecisiones que muchos colectivos pusieron el grito en el cielo cuando, en marzo, la vicepresidenta del Gobierno anunció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el ansiado anteproyecto de ley.

De poco sirvieron los quince días que ofreció el Ministerio de la Presidencia para escuchar las voces de los ciudadanos y aportar ideas y enfoques que ayudaran a mejorar el texto. A día de hoy, y sin el trámite parlamentario concluido, las previsiones apuntan a que la norma acabará muy edulcorada. A todas luces, hay una premisa básica que no aparece: el acceso a la información es un derecho fundamental de la persona. Que en países no democráticos se omita este ‘detalle’ es comprensible. En España es intolerable.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió antes del verano que se trata de una norma "compleja" pero añadió que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Además, precisó que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

La norma obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.

La ley, que no afectará a la Casa Real, impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.

Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales.

Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

‘Lagunas’

La ONG Acces Info tiene publicado en su página web un extenso y detallado artículo con las ‘lagunas’ que, a su modo de ver, contiene la futura Ley de Transparencia y ofrecen una serie de recomendaciones. La primera es que el parlamento debería tramitar esta ley como una ley orgánica y reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental parte inherente a la libertad de expresión.

Además, los compañeros de Acces Info, a través de la coalición Pro Acceso -porque tenemos derecho a saber- hicieron público en su momento diez principios para acabar con las decisiones secretas. El objetivo no es otro que forzar al Gobierno a implementar una ley de acceso a la información pública.

• El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
• El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
• El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
• Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
• Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
• Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
• Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
• Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
• Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
• El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.