La Administración electrónica en Aragón tendrá que esperar
Sin ir más lejos, ayer lunes, en el Boletín Oficial del Estado, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón hizo pública la licitación del acuerdo marco del suministro de cartuchos de tóner, de tinta, de cintas de nylon y de cintas de transferencia térmica para impresoras y faxes láser, de inyección, matriciales y térmicas para los departamentos y organismos públicos de la Diputación General de Aragón. El valor estimado del contrato es de 1.686.064 euros, IVA excluido. El importe neto asciende a 843.032 euros y el importe total es de 994.778 euros. El periodo es para un año con posibilidad de prórroga.
Además, el BOE
publicó otro anuncio para el suministro de material de oficina cuyo destino
también son las diversas dependencias de la Diputación General de Aragón. El valor estimado
del contrato es de 772.397. El importe neto es de 386.198 euros y el importe
total, 455.714 euros. La suma de los dos contratos superan los 2,45 millones de euros.
No somos expertos
en tareas administrativas. No sabemos si las cantidades son las necesarias y se
ajustan a las rutinas laborales propias de una administración provincial. El dato
simplemente nos invita a reflexionar sobre el uso de los recursos públicos y
sobre la validez de las campañas de publicidad que informan de los logros de la
gestión electrónica, de la reducción de trámites burocráticos o de las listas
de espera.
Sin ir más lejos, obtener el Documento Nacional de Identidad es mucho más fácil, cómodo y rápido ahora que hace diez años. La Sanidad valenciana aspira a trabajar sin usar papeles. Por ahora es un objetivo, no una realidad. ¿Es preciso, pues, gastarse un dineral en tiempos de crisis en material de oficina?
¿Por qué sigue usándose de manera masiva el fax en las administraciones públicas, con el consecuente gasto de electricidad, papel, tinta y teléfono, cuando mediante el correo electrónico se pueden enviar documentos en formato pdf con mayor calidad resolutiva?