El mismo día de conocer el dato del paro de la EPA y el mismo día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Por tercera vez en menos de cinco meses, la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha servido para poner encima de la mesa el anteproyecto de Ley de Transparencia. La primera vez fue en marzo, dos días antes de las elecciones andaluzas y asturianas. El Gobierno, ahora sí, ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma obliga a todos los poderes del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas a contestar cualquier petición de información de cualquier ciudadano que no entre en conflicto con otro interés protegido.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la norma recoge la mayoría de las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y por la Agencia de Protección de Datos, ha ganado "en rigor y fortaleza" y supone una "nueva filosofía de lo público".

Están sujetos a la Transparencia los órganos constitucionales y también las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más del 50%. Los Ministerios tendrán que publicar en sus páginas web toda la información en el ámbito de los convenios. Además se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, según ha explicado Sáenz de Santamaría.

Asimismo ha avanzado que quien falsee las cuentas públicas, quien oculte datos de esas cuentas y cause un perjuicio económico a la Administración podrá ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitado por un periodo de tres a diez años.