Los gobiernos autonómicos con canales públicos podrán decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos.

La reforma de la Ley Audiovisual que flexibiliza la gestión de las televisiones públicas autonómicas y permite la privatización de estos canales quedó este martes lista para la publicación en el BOE y su entrada en vigor, tras superar su último escollo parlamentario con la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto enmendado por el Senado.

El Congreso refrendó la única enmienda introducida en la Cámara Alta, una transaccional pactada por todos los grupos para reforzar las garantías de restricción a la emisión en televisión de pornografía, violencia y escenas de maltrato.

El proyecto, tramitado por vía de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y este martes recibió la aprobación definitiva.

La ley también establece que, a partir de ahora, los canales autonómicos públicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar. Los Ejecutivos regionales de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ya han expresado su intención de permitir la entrada de capital privado en sus operadores.

Según aseguró en el inicio de la tramitación de la ley el ministro de Industria, José Manuel Soria, la ley busca "ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente" sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años. En cambio, la oposición ha coincidido en que la norma quiebra el actual modelo público de televisión y supone una "invasión" en las competencias autonómicas.

Con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley, el PP ha recabado las previsiones presupuestarias de doce televisiones regionales (no está incluida la extremeña) y le sale una estimación de gasto de 858 millones de euros. Los datos que maneja el PP reflejan que las televisiones públicas autonómicas tenían empleadas en 2010 a un total de 7.260 personas, con un coste en personal de 410 millones de euros, el 48% del total de gastos de ese ejercicio. La catalana TV3 es la que tenía en 2010 una plantilla más voluminosa (1.959 trabajadores), seguida de Canal 9 (1.291*), Canal Sur (1.016) y Telemadrid (990).

La autonómica más cara es la vasca (ETB), con 50,8 euros por habitante y año. En el medio de la tabla se encuentran TV3 (35,9) y la gallega (TVG) con 31 euros. Telemadrid es la más barata, con 14,42 euros.

*El ERE del ente Radiotelevisión Valenciana prevé el despido de 1.295 personas. Conservarán su empleo unas 400.

Sueldos de directores

El director de la televisión de Castilla-La Mancha, Ignacio Villa, cobra 120.000 euros brutos anuales.

El director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que actualmente percibía en torno a los 124.000 euros al año, no podrá cobrar más de 59.554, según el tope fijado por la Junta. En 2009 cobraba algo más de 139.300 euros.

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