Los directivos de empresas públicas andaluzas no podrán cobrar más de 59.554 euros brutos al año. La cantidad es equivalente al salario de los viceconsejeros e incluye todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad. Esta cifra es válida si la empresa cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de euros o plantillas de más de 500 trabajadores. Con presupuestos de más de 50 millones o 50 trabajadores el sueldo será el equivalente al de un director general, 50.000 euros brutos. Esta retribución es ligeramente inferior a la de los directores generales de la Administración General del Estado. Si la empresa es de cinco millones de presupuesto o 10 empleados, los directivos cobrarán lo mismo que los subdirectores o coordinadores generales.

Según aprobó este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual superior a las que corresponden a las personas "con funciones de máximo nivel en su entidad. Las dos medidas adoptadas, publicadas en la web de la Junta, supondrán un ahorro anual de 2,7 millones de euros.

Recordemos que muchos directivos estaban cobrando salarios superiores al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Sueldos Públicos informó en junio que el presidente cobraba hasta 2010 más de 81.000 euros, cantidad equivalente a lo que percibía el anterior presidente socialista, Manuel Chaves, en 2000. Según elpais.es de 24 de julio, la bajada más significativa será la del director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que actualmente percibe en torno a los 124.000 euros al año -60.200 más que Griñán-, aunque en 2009 cobraba algo más de 139.300 euros. Otro ejemplo de directores de televisiones autonómicas que cobran más de cien mil euros lo tenemos en Castilla-La Mancha. Su responsable, Ignacio Villa, reconoció en noviembre de 2011 que su retribución era de 120.000 euros brutos, un 28 por ciento menos que su predecesor, Jordi García Candau.

Más ahorro

El acuerdo adoptado incluye también un programa de reducción de costes de arrendamientos de inmuebles y la obligación de elaborar planes económico-financieros por parte de las consejerías de la Junta. En el ámbito de la optimización de ingresos, la consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que se desarrollará un plan de lucha contra el fraude fiscal.

En el mismo capítulo de reducción de gastos, la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la Administración autonómica se limitará, según ha informado Martínez Aguayo, a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados. El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros. No obstante, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta.

Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica. El objetivo es rebajar en un 25% la cuantía total destinada a estas operaciones.

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