Mientras el PSOE o UPyD proponían en sus programas electorales suprimir las diputaciones y, como recomendaba la formación magenta, fusionar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, el Gobierno ha elegido otra vía para racionalizar el entramado de la administracón local. Es evidente que el PP no va a renunciar a la eliminación de las diputaciones ya que preside la mayoría de ellas. Eso suponen muchos sueldos públicos, cientos de cargos electos, cargos de confianza, indemnizaciones por asistencias a los órganos colegiados, subvenciones a los grupos, poder, favores, en definitiva, colocar a los cuadros del partido.

Así, el Consejo de Ministros aprueba este viernes la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, un proyecto que limita las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potencia las diputaciones provinciales, que asumirán las de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan capacidad para ello.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas trabaja desde hace meses en esta iniciativa, que ha negociado sin éxito con el PSOE y para cuya redacción ha pedido propuestas múltiples instituciones locales y autonómicas. El proyecto será enviado al Congreso para su tramitación, con el objetivo de que esté en vigor en otoño.

El Gobierno incluye en la reforma de la Ley de Bases de Régimen un nuevo listado de competencias municipales y suprime el artículo que permitía a los consistorios ejercer competencias propias de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo impulsará "cambios profundos" en la Ley de Bases de Régimen Local que incluirá una "redefinición" de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados "a precios adecuados" y "mejor gestionados".

Se trata de poner orden en la "multiplicidad de entidades locales" que hay en España que ejercen "con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos".

La propuesta del gobierno parte ya con las críticas del PSOE. El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha avanzado hoy que su partido llevará ante el Tribunal Constitucional la reforma si no cambia sustancialmente, porque tal y como está planteada vulnera los artículos 140 y 128 de la Constitución, que hacen referencia a la autonomía municipal y a la capacidad de los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Impulso a las diputaciones

Una de las novedades es el impulso que reciben las diputaciones provinciales. Todos los ayuntamientos deberán cumplir unos mínimos de eficiencia para poder prestar los servicios, para lo cual la reforma incluye constantes referencias a la Ley de Estabilidad; aquellos que no cumplan y que tengan menos de 20.000 habitantes, traspasarán sus competencias a la diputación provincial. Los de tamaño mayor, podrán hacerlo voluntariamente.

La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer esa evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.

Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.