BRUSELAS (EUROPAPRESS).- La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) logró recuperar en 2011 un total de 691,4 millones de euros de fondos comunitarios que habían sido utilizados de forma fraudulenta, una cifra récord en comparación con los 67,9 millones recuperados en 2010 o los 251,3 millones de 2009. Los fondos recuperados vuelven así al presupuesto comunitario.

De los fondos recuperados, 524,7 millones de euros son fondos estructurales europeos utilizados de forma fraudulenta, aunque la agencia admite que de ellos 389 millones están vinculados a un único caso por la financiación fraudulenta de obras de carreteras en la región italiana de Calabria.

La Oficina Antifraude comunitaria también ha recuperado otros 113,7 millones de euros por fraude en los aranceles a las importaciones, otros 34 millones por uso fraudulento de ayudas agrícolas y otros 17,5 millones por uso indebido en ayudas de la Política Exterior de la Unión.

Otros 100.000 euros han sido recuperados a raíz de investigaciones que abrió la oficina antifraude comunitaria por el contrabando de tabaco y otros productos falsificados, otros 600.000 euros por fondos mal utilizados por personal de la UE y otros 800.000 euros por gastos centralizados indebidos.

El director general de OLAF, Giovanni Kessler, ha destacado la cantidad "significativa" de fondos recuperados el año pasado gracias a investigaciones del organismo y ha prometido "aumentar" la lucha contra la corrupción y el uso fraudulento de fondos comunitarios. "En este contexto financiero, la lucha contra el fraude y la corrupción es de especial importancia y debe ser una prioridad en todos los Estados miembros", ha justificado.

La agencia abrió 178 nuevos casos sospechosos en 2011 y participó o coordinó investigaciones en otros 208 casos que fueron cerrados el año pasado. En total, la oficina antifraude gestionó 463 casos en 2011, 122 de los cuáles estaban directamente relacionados con prácticas sospechosas de personal comunitario, 89 estaban vinculados al sector agrícola, 67 casos por uso fraudulento de ayudas exteriores y 64 casos con los fondos estructurales.

Los propios Estados miembros han impuesto multas por valor de 155 millones de euros y han impuestos penas de cárcel por distintos casos fraudulentos, siguiendo las recomendaciones de la oficina antifraude comunitaria.

OLAF recomendó por ejemplo a España y Bélgica recuperar, según uno de los casos analizados en el informe, unos 32 millones de euros en aranceles que no abonó una compañía india que exportó el biodiésel de forma fraudulenta a ambos países por tratarse en realidad de biodiésel de origen estadounidense, sujeto a aranceles antidumping en virtud de la legislación comunitaria y que la compañía india no abonó haciéndolo pasar por biodiésel local.