El Gobierno ha calificado como no urgente el texto de la norma

El proyecto de Ley de Transparencia ya ha llegado al Consejo de Estado

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha impulsado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado este martes al Consejo de Estado, que emitirá un dictamen antes de un mes.

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MADRID (EUROPAPRESS).- El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha impulsado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado este martes al Consejo de Estado, que emitirá un dictamen antes de un mes, según han confirmado fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno.

El texto de esta norma no ha sido calificado como urgente por parte del Ejecutivo, pero el órgano que preside José Manuel Romay Beccaria es consciente de la celeridad que requiere esta ley y no demorará la elaboración de su dictamen, han indicado las mismas fuentes.

Hace un mes, Sáenz de Santamaría admitió que se trata de una norma "compleja" pero añadió que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Además, precisó que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

España es uno de los pocos países europeos sin Ley de Transparencia. Con esta norma se pretende aumentar la transparencia de las administraciones, garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y reforzar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo del dinero público.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CC.AA. o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".