Desde el año 2009 los movimientos de open government (gobierno abierto)  han irrumpido en las agendas políticas de Europa y Estados Unidos, y con ellos las políticas de fomento de la reutilización de la información en manos de las administraciones públicas. Las políticas de open government constituyen estrategias de hondo calado, que se simplifican en tres pilares fundamentales en la actuación de nuestros poderes públicos: la transparencia en la gestión pública, el fomento de la participación y la colaboración de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En este contexto, la apertura de datos, más conocida en entornos profesionales como open data, trabaja para que las administraciones públicas pongan a disposición de la sociedad la información pública que tienen en su poder, con el objetivo de que cualquier persona, empresa u organización pueda a partir de la misma crear nuevas informaciones y servicios, constituyéndose, al fin y al cabo, en una piedra angular sobre la que se sustenta el open government.

Como definición, la reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas de información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o no. El concepto de reutilización surge cuando la Comisión Europea elabora en 1998 el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información. Este documento, consensuado tras un amplio proceso de consultas, llamaba la atención sobre la necesidad de mejorar las sinergias entre el sector público y el privado en el mercado de la información. Apenas cinco años más tarde, sus iniciativas  inspiraron la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reutilización de la información del sector público donde ser recogía la importancia de este tipo de políticas públicas.

Al fin y al cabo, la reutilización de la información del sector público facilita la creación de productos y soluciones de gran valor añadido, adaptados a las necesidades específicas y cotidianas de empresas, administraciones y ciudadanos. Tales servicios constituyen, a su vez, el caldo de cultivo de negocios innovadores, altamente beneficiosos en términos tanto económicos como de empleo.

Según el Estudio de Caracterización del Sector Infomediario en España, esta actividad dio trabajo en 2010 a unos 5.500 profesionales y posibilitó solo en nuestro país la obtención de unos beneficios de entre 550 y 650 millones de euros.

Reutilización de información pública

En España, la Ley 37/2007 de 16 de noviembre de Reutilización de la información del sector público traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/98/CE de 17 de noviembre. La aprobación de esta ley supuso un importante instrumento para el avance en la reutilización, al establecer un marco regulatorio general para esta actividad aplicable a todas las administraciones públicas españolas, independientemente del ámbito territorial de las mismas.

La Ley aspira a “armonizar la explotación comercial de la información del sector público y la publicación de todos los documentos de libre disposición que obran en su poder, al considerar que son un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia”. No obstante, la Ley detalla una serie de supuestos en los que la reutilización no se permite. Ello tiene su doble rasero, ya que al igual que juega a favor de la privacidad de muchos datos personales o confidenciales, es a la vez la excusa perfecta para que en determinadas ocasiones nuestros gobernantes aleguen la no publicación de determinados datos en base a este generoso precepto legal.

Proyecto Aporta

En 2009 nació el Proyecto Aporta, promovido por los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y Comercio. El Proyecto Aporta ha sido un dinamizador importante en el impulso que la reutilización está experimentando en los últimos años en nuestro país, según ha señalado entre otros la OCDE. Constituye un magnífico ejemplo de buenas prácticas tomado como referencia por otros estados vecinos de la UE, que han estudiado el ejemplo español de cara a definir sus propias políticas en la materia.

Desgraciadamente, sólo diez comunidades autónomas han aplicado políticas públicas de open data: País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla –La Mancha, Extremadura, Andalucía, Navarra, Castilla y León, Islas Baleares y Asturias. Por otro lado, a nivel local percibimos que existe una falta de interés generalizado, ya que de los 8.116 municipios españoles tan sólo seis han decidido implementar políticas que aboguen por la apertura de datos “stricto sensu” (Barcelona, Badalona, Zaragoza, Lleida, Gijón y Córdoba).

Para todos aquellos que quieran conocer más a fondo este interesante mundo del open data, desde sueldospublicos.com os invitamos a asistir el próximo 26 de junio al Nuevo Encuentro anual de iniciativas Open Data en España organizado por el Gobierno de España y que se desarrollará en Madrid con el objetivo de analizar los últimos avances en materia de apertura y reutilización de datos públicos que se han producido en los últimos meses dentro y fuera de nuestras fronteras. El evento está abierto tanto a profesionales como a la ciudadanía en general.

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