Presentada en el Congreso una iniciativa para eliminar las indemnizaciones a los políticos que cesan
El objeto de la iniciativa, colgada en el blog de la Plataforma (fueraprebendas.blogspot.com.es) es "ahorrar en el gasto de todas las administraciones públicas y suprimir privilegios que atenten contra los principios de igualdad reconocidos en la propia Constitución Española".
El artículo 3 de la ley propuesta establece que "desaparece con carácter retroactivo cualquier tipo de consolidación retributiva asociada a la categoría, nivel o escalón que se derive del desempeño del puesto del alto cargo en cualquier Administración pública".
Además, propone que ningún ministro cesado reciba indemnización, así como tampoco ningún parlamentario "o familiar de éste". "Igualmente, no recibirá pensión parlamentaria alguna", añade el texto.
La exposición de motivos de esta ILP argumenta que "en el actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad en el gasto para la reducción del déficit del Estado y de las comunidades autónomas, todas las administraciones están recortando partidas presupuestarias que afectan a los principales pilares del Estado del bienestar".
"Sin embargo", añade, "los directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones y en los órganos representativos de decisión de la nación mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad".
Pero además, agrega, se trata de una situación de la que se benefician diputados, senadores, presidentes de diputaciones, cabildos, alcaldes, concejales y asesores y que "entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto".
Asimismo, señala que el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, "concede unos privilegios" a quienes han ocupado un escaño "que son incomprensibles en este contexto de crisis".
"Las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, depositante de la soberanía de la nación, y las normas citadas dejan fuera de su ámbito a más del 99% de la población, dándose el caso, en líneas generales, que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones", concluye el texto.
