El Gobierno ha puesto en marcha un ejercicio de transparencia, adicional a otras iniciativas que se han llevado a cabo, consistente en la realización de dos análisis privados independientes de valoración de las carteras crediticias en España de los 14 principales grupos bancarios. (una vez considerados los procesos de integración actualmente en marcha), que representan en torno al 90% del sistema financiero.

Los dos análisis privados evaluarán, por una parte, la resistencia del sistema a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica (primera etapa) y, por otra, los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras (segunda etapa). Ambos ejercicios están interrelacionados y se llevan a cabo bajo la coordinación del Banco de España.

Según fuentes de La Moncloa, las dos etapas del ejercicio de valoración independiente del sistema bancario español progresan de acuerdo con los objetivos, fases y calendarios previstos. Para la primera etapa del ejercicio se contrató a las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, a quienes se ha encomendado identificar las necesidades de capital que experimentaría el sistema frente a dos tipos de escenarios: Un escenario base, reflejo de la situación que sería a fecha de hoy más probable; y un escenario estresado donde se asume una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios significativamente peores, con objeto de calibrar la resistencia del sistema ante hipotéticos desarrollos negativos extremos.
 
Los escenarios que se toman como referencia están en línea con los utilizados por el FMI en la prueba de resistencia realizada en el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés). La decisión al respecto fue adoptada de forma conjunta por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España, una vez escuchados los miembros del Comité Asesor, entre los que se encuentran representantes del BCE, de los Bancos Centrales de Francia y Holanda y del FMI.

Este primer ejercicio consistirá en medir la incidencia de un hipotético deterioro de la situación económica sobre el conjunto de la cartera crediticia de las entidades, es decir, no sólo de la cartera inmobiliaria, sino también de los créditos a empresas y a particulares. La base será la información sobre los estados contables y regulatorios enviados por las entidades al Banco de España, así como cualquier otra disponible sobre las carteras crediticias de las entidades, su segmentación y calidad. La metodología de trabajo utilizará los modelos, estimaciones e hipótesis de las propias consultoras. En definitiva, se identificará la capacidad de resistencia de los bancos españoles, frente a un fuerte deterioro adicional de su cartera, en un escenario económico muy adverso.

Los resultados de estos trabajos deberán ser entregados por las firmas consultoras a más tardar el próximo 21 de junio. Con dichos ejercicios se obtendrán unos órdenes de magnitud de las necesidades agregadas del sistema para hacer frente al escenario estresado y los grupos de entidades que son más vulnerables a tal escenario.

Se obtendrán, por tanto, dos estimaciones independientes, ya que las consultoras realizan sus trabajos sin relación entre sí, utilizando sus propias metodologías y modelos. De esta forma, el resultado del ejercicio se plasmará en un rango de referencia.

Cuatro auditorías para la segunda etapa

También se han iniciado los trabajos de la segunda etapa del ejercicio de valoración, que es de más larga duración. Estos trabajos los están llevando a cabo las cuatro mayores firmas auditoras en España, Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, distribuyéndose entre los 14 grupos bancarios en cuestión, sin que ninguna de ellas pueda revisar entidades que haya auditado en los últimos ejercicios.

El ejercicio consiste en la realización de un análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de dichas entidades, en el que se valorarán, entre otras cuestiones, la clasificación y los niveles de provisión de sus carteras crediticias. Los resultados de estos trabajos deberán estar disponibles el próximo 31 de julio. El Banco de España analizará la información fruto de estos trabajos y comprobará y exigirá, en su caso, las correspondientes necesidades de capital y/o provisiones de las entidades.