Ya sabemos el tamaño descomunal del cajón de las facturas olvidadas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. A partir del 1 de junio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezará a hacer efectivo el pago de las 1,62 millones de facturas pendientes de pago de las corporaciones locales que se han acogido a este plan. La deuda total suma 9.750 millones de euros.

Por su parte, los gobiernos autonómicos deben casi cuatro millones de facturas cuyo valor asciende a 17.255 millones de euros. Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan, en total, casi cuatro millones de facturas por valor de 17.255 millones de euros. En total, la cifra asciende a 27.005 millones de euros entre los dos niveles administrativos.

Pero hay castigo para los que no han hecho los deberes. El equipo de Cristóbal Montoro retendrá el 50 por ciento de la participación en los ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo presentado, se les rechazó.

Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.

Sin embargo, de ese total, 2.004 ayuntamientos no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una valoración negativa.

La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval.

Entre esos planes de ajuste rechazados el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo.

El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.