La Oficina Parlamentaria de Control Presupuestario tendrá que esperar. Lo lleva haciendo desde 2010 y tanto el Gobierno de Zapatero como ahora el de Rajoy están incumpliendo la ley. El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una enmienda de Unión del Pueblo Navarro (UPN) a los Presupuestos Generales de Estado que pretendía poner ya en marcha la Oficina que se creó por ley hace dos años y que sigue sin constituirse. Esto supone un espaldarazo a la opacidad de las cuentas públicas que choca con la puesta en marcha de la futura Ley de Transparencia que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros y que no será una realidad hasta, al menos, un año.

La iniciativa contó con el respaldo del PSOE y de UPyD pero fue denegada por el PP, el PNV, Esquerra y Foro Asturias, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y CC-NC optaron por la abstención.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, recordó durante el debate que esta oficina es un instrumento imprescindible para que el Parlamento, y especialmente la oposición, pueda hacer seguimiento de la ejecución de los Presupuestos Generales para controlar la actuación del Gobierno.

La oficina se creó en 2010 mediante una proposición de ley apoyada por todos los grupos parlamentarios y que fue presentada en su día ante la Cámara por el actual presidente del Congreso, Jesús Posada, que entonces presidía la Comisión de Presupuestos.  

Mandato legal incumplido

"Estamos incumpliendo un mandato legal. Han pasado 17 meses y la oficina no está creada", lamentó Salvador, que proponía habilitar una partida de 100.000 euros para ponerla en marcha este año de una vez por todas.

Tras recordar que en el último Debate sobre el estado de la Nación, en julio de 2011, se aprobó por unanimidad una resolución en favor de la creación de la oficina presupuestaria, el foralista navarro apeló a la exigencia de transparencia que viene de los ciudadanos y avisó de que "no se llega a ningún lado si sólo se apoyan estas iniciativas desde la oposición".

"La transparencia y el autocontrol nos blindan de la corrupción y, desde luego, constituyen los mejores argumentos, los mejores principios para que los ciudadanos crean y confíen en las instituciones", apostilló.

El PP, por boca del diputado Juan Manuel Albendea, justificó su voto en contra alegando que el Gobierno prefiere primero hacer sus cálculos sobre los medios materiales y humanos que requeriría poner en marcha esta oficina parlamentaria.

Para Sueldos Públicos no es una buena noticia. Siembra de dudas las intenciones del Gobierno en materia de transparencia. Además, el ciudadano puede interpretar que su dinero se destina a partidas menos menesterosas como el servicio de traductores del Senado, que cuesta 350.000 euros al año. Poner en marcha la Oficina Parlamentaria de Control Presupuestario costaría 100.000 euros.