La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado 17 de febrero el recorte de entre un 25 y un 30% de las retribuciones de los presidentes de las compañías públicas. La medida les afectaría en función del tipo de empresa, el volumen de negocio o el número de trabajadores y se llevaría a la práctica para hacer un “esfuerzo” acorde al que ya han sufrido en sus nóminas los funcionarios. En total, el sueldo fijo de un ejecutivo de una gran compañía del tamaño como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendría un tope de 105.000 euros. Las medianas, 80.000 y las más pequeñas, 55.000 euros brutos anuales.

Eso en lo que atañe a la parte fija de su retribución. Porque el real decreto que regulaba ese ajuste dejaba en manos del Ministerio de Hacienda la concreción del complemento de puesto y del complemento variable que completan el sueldo y que están “absolutamente ligados al cumplimiento de objetivos”, tal y como anunció la propia Sáenz de Santamaría.

Según El Confidencial, el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro ya ha definido la cuantía de esos complementos con muy poca publicidad. De hecho, la orden ministerial del pasado 12 de abril que lo regula fue “comunicada, pero no publicada” en el BOE, según explican desde la propia Vicepresidencia del Gobierno.

Dicha orden contempla que los ejecutivos puedan tener un complemento en razón del “puesto” de responsabilidad que ocupan y que “representará como máximo el 60% de la retribución básica” del salario, que varía en función del tamaño de la compañía. Ese “complemento de puesto” se asignará, según el texto de Hacienda, a “quien ejerza el control o la supervisión financiera de la entidad o a los accionistas”.

A eso hay que sumar, además, otro complemento que se denomina “variable” y que, según estipula Hacienda, “representará como máximo el 40% de la retribución fijada”. Este complemento se justifica en función de “la consecución de unos objetivos previamente establecidos conforme a parámetros evaluables por quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o por los accionistas”. Por lo tanto, los directivos de las empresas públicas más grandes podrán ganar hasta 105.000 euros más, es decir, doblar su salario anual hasta alcanzar los 210.000 euros, los de las empresas medianas, 160.000 y 110.000, las más pequeñas.