Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja no han anunciado su plan de recortes para 2012
Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.
El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo de situar su déficit por debajo del 1,5% del PIB.
Durante los últimos días, algunas comunidades como Andalucía o Cataluña han anunciado nuevas medidas de ajuste para evitar la intervención, que han sido positivamente valoradas por el Gobierno.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este miércoles que los planes de saneamiento son satisfactorios en general, aunque no ha descartado cambios.
En esta misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido de que las comunidades cumplirán antes o después, ya que el Gobierno convocará una nueva reunión del CPFF dentro de quince días para aprobar los objetivos de estabilidad del año 2013 y los planes de saneamiento pendientes.
De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas y enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.
Las nuevas medidas que planteen las CC.AA. se añadirán a las ya presentadas por algunas de ellas, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.