Sin lugar a  dudas la transparencia nos beneficia a todos: a los mercados (que tan de moda están últimamente); a los Estados, para funcionar mejor; a las empresas, para conocer sus fortalezas o debilidades; y en general, a todos los ciudadanos. Un buen ejemplo es el que hace referencia a la información macroeconómica que publican los diferentes gobiernos.

Con esos datos los inversores, productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes. Además, la transparencia  favorece considerablemente  que el diseño y evaluación de políticas sea de mejor calidad, asignatura  pendiente, por cierto, de nuestra Administración actual.

Y no olvidemos lo más importante: la transparencia contribuye a eliminar/reducir considerablemente la corrupción. Unas elecciones celebradas bajo parámetros de transparencia enriquecen el valor de voto individual del ciudadano. En definitiva, es un elemento clave y necesario para la mejora de la participación ciudadana y de calidad democrática.

Para evitar que la opacidad en las Administraciones Públicas radique en un menor desarrollo ciudadano y democrático, la Organización no gubernamental Transparencia Internacional España, dedicada a combatir la corrupción a nivel mundial, publicó el pasado 9 de mayo un novedoso informe sobre la transparencia en las Diputaciones españolas.

No llegamos al Aprobado

A través de esta primera edición del  Índice de Transparencia de las diputaciones (INDIP) se han estudiado cuarenta y cinco diputaciones, utilizando para ello cinco áreas o ejes de transparencia. Del informe podemos destacar, en primer lugar, que la transparencia en las diputaciones españolas posee una puntuación media global muy discreta, ya que la nota media queda algo por debajo del Aprobado (puntuación media de 48,6 sobre 100). Por otra parte, es importante subrayar el gran nivel de disparidad en las puntuaciones, ya que mientras que hay dos diputaciones (Vizcaya y Tarragona) que alcanzan el Sobresaliente (más de 90 sobre 100), y otras dos quedan cerca (Valladolid y Barcelona), hay por el contrario siete diputaciones cuya puntuación está por debajo de 30 sobre 100.

La diputación ganadora en esta primera edición del INDIP ha sido la Diputación Foral de Vizcaya/Bizcaia, con una puntuación global de 95 (sobre 100), seguida de la Diputación de Tarragona, con una puntuación de 92,5. En el extremo contrario encontramos a las diputaciones de Toledo, Teruel y Zaragoza con puntuaciones alrededor de 25 sobre 100.

En cambio, si agrupamos las diputaciones provinciales por comunidades autónomas encontramos a la Comunitat Valenciana (37,7 sobre 100) en el último puesto del ranking, seguida muy de lejos por las diputaciones del País Vasco (62.3 sobre 100). Bajo esta agrupación, en el primer puesto Transparencia Internacional sitúa a las ocho diputaciones andaluzas, con una puntuación de 42 sobre 100.

En definitiva, como vemos la transparencia en las administraciones públicas españolas, y en concreto de las diputaciones provinciales, es una asignatura pendiente de nuestros gobernantes. Aunque todo apunta a que la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno promovida por el actual Ejecutivo central mejorará los índices de transparencia de las administraciones públicas, el camino que tenemos que recorrer será lento y laborioso. Desde Sueldos Públicos estaremos atentos a los próximos informes de Transparencia Internacional España para conocer la efectividad de la misma. La mejora de nuestra sociedad y de nuestra calidad democrática dependerá directamente de la exitosa y eficiente aplicabilidad de este novedoso y reivindicado proyecto de ley.