MADRID (EUROPAPRESS).- Varias comunidades han adelgazado ya sus presupuestos para 2012 en casi 8.000 millones de euros: ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas. Deben cerrar el año con un déficit máximo del 1,5 por ciento.

Los ajustes comenzaron ya el año pasado y han continuado en este ejercicio. No todas las comunidades sin embargo han hecho públicos sus planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja. En el caso del País Vasco, el Gobierno ejecutó en marzo una retención de crédito cautelar por más de 400 millones en sus presupuestos de 2012, para hacer frente a un eventual empeoramiento de la situación económica.

En números absolutos, los mayores recortes conocidos ya para este año son los de Andalucía (2.700 millones), Comunidad Valenciana (2.260), Canarias (800 millones) o Murcia (623 millones). En términos relativos, también son sustanciales los recortes presupuestarios de Navarra (54 millones), de Baleares (348 millones) o Castilla y León (366)..

Las autonomías tienen la obligación de cumplir en este ejercicio con un déficit del 1,5 por ciento y todas ellas han tenido que preparar planes de saneamiento en los que precisan cómo lo harán, planes que este mes van a ser sometidos a examen junto a Hacienda. Está por ver si estos se aprobarán en la primera criba, el día 17, o si se les exigirán nuevos ajustes para un segundo examen dos semanas después.

Empresas públicas

El adelgazamiento de las cuentas autonómicas afecta a casi todos los capítulos. En el que coinciden todas las autonomías es en el recorte de las empresas públicas y entes paralelos a la administración.

Galicia pasará de 150 a 70 entidades de diverso tipo; Murcia, de 72 a 38; Castilla y León se desprende de 11 de sus 38 empresas, Navarra ha pasado de 38 a 13 o la Comunidad Valenciana, de 46 a seis, esta última, con una previsión de ahorro de 120 millones este año. Cataluña ha preparado un plan de legislatura para cerrar 64 de las 275 empresas, fundaciones y consorcios de la Generalitat.

Algunas autonomías también han calculado millonarios ahorros por dejar de pagar alquileres (tres millones en Castilla y León) o por la venta de patrimonio, como es el caso de Murcia, que prevé ingresar así 60 millones, o de la Comunidad Valenciana, que ha calculado 400 millones en 2012.

En el caso de las instituciones que reproducen otras estatales, los defensores del pueblo no van a desaparecer de las comunidades donde existen, salvo en Castilla-La Mancha; el resto de gobiernos ha optado por recortar el presupuesto de una institución que en bastantes casos está reconocida por el estatuto de autonomía y que consideran muy arraigada. Así, Murcia ha dejado en 400.000 euros un presupuesto inicial de 1,6 millones.

Otros organismos de este tipo sí han sido suprimidos, aunque de manera desigual; es el caso de los consejos económicos y sociales, eliminados por ejemplo en Baleares, Cantabria, Galicia y Castilla-La Mancha, que es la comunidad que más instituciones ha eliminado, aunque lo hizo en 2011; Madrid también eliminó el Servicio Regional de Empleo y el Observatorio contra la Violencia de Género ya el año pasado y se plantea ahora suprimir el Defensor del Menor. Navarra ha cerrado el Consejo Audiovisual y Cantabria, los consejos asesores de la mujer y de la juventud.

En Euskadi no se ha cerrado ninguna institución, pero el Parlamento vasco estudia un ambicioso plan de eliminación de duplicidades porque un informe del Gobierno vasco ha detectado un gasto de 403 millones de euros en servicios que las administraciones ofrecen por duplicado.

Cataluña tampoco tiene previsto echar el cierre en instituciones de este tipo ni de las denominadas embajadas en el exterior que mantiene: Londres, París, Bruselas, Berlín y Nueva York.

Funcionarios, hospitales y educación

El grueso de los ajustes, sin embargo, se produce en tres capítulos fundamentalmente: funcionarios, sanidad y educación. Todos los gobiernos han apretado el cinturón de los empleados públicos ya desde el presupuesto de 2011, reduciendo sueldos y complementos, aumentando la jornada laboral y no renovando las plantillas.

Por ejemplo, el Gobierno vasco prevé ahorrar en 2012 un total de 95 millones congelando las nóminas y reduciendo los complementos salariales de las bajas por enfermedad común, entre otras medidas; Castilla y León prevé ahorrar en personal 125,6 millones, Galicia, 80, y Murcia dedicará 102 millones menos a Función Pública con recetas similares.

En el capítulo de la educación y en el de la sanidad los recortes presupuestarios son también millonarios. En Cataluña, los ajustes comenzaron en 2011: cierre de los quirófanos por la tarde, de ambulatorios por la noche y cierre de plantas de hospital completas. Además, en el capítulo de tasas, la Generalitat ha sido pionera en cobrar un euro por receta sanitaria, que entrará en vigor en junio.

Baleares ha previsto un ahorro de 35 millones en educación y de 26,4 en el segundo, en el que ha aplicado una sonada medida como el cierre de dos hospitales y el alquiler de quirófanos, habitaciones y otras instalaciones de un tercero.

La Comunidad Valenciana está preparando un nuevo modelo para incluir la iniciativa privada en los hospitales, que va a ir implantando a lo largo del año y con el que prevé ahorrar alrededor de 443 millones.

Con respecto a la educación, los ajustes en general se traducen en una ampliación del horario de los profesores, la eliminación de los ciclos formativos con pocos alumnos, aumentar el número de estudiantes por aula y las tasas universitarias.

Nuevos impuestos

La otra importante pata de los planes de ajuste autonómicos la constituyen los ingresos; varias autonomías han optado por recuperar el impuesto sobre el patrimonio (Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana) o imponer el céntimo sanitario en las gasolinas (Cantabria y Castilla y León); también se crean impuestos nuevos: Extremadura gravará la eliminación de residuos sólidos y las bolsas de plástico y en Cataluña pagarán los turistas por pernoctar. Se subirán igualmente  tasas de diversos tipos.

Es el caso de Canarias, que ha calculado ingresos de 250 millones de euros procedentes de un nuevo impuesto sobre depósitos a entidades financieras, otro impuesto a las grandes superficies y la subida del IRPF y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).