Quizá si la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) hubiera analizado su propio papel, habría aconsejado su disolución. Pero lo cierto es que quien lo ha decidido ha sido Montoro, que aprovechó la reorganización del Ministerio de Hacienda para fulminarla: el pasado 28 de julio aprobó el decreto para la “disolución” y la reubicación de sus empleados en la Secretaría de Estado de Función Pública, a la que pertenecía el organismo. Ahora, solo queda en pie su página web.

La agencia fue creada en 2006, como propuesta estrella del entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para mejorar la coordinación entre administraciones públicas y luchar contra el despilfarro. Nunca tuvo un gran presupuesto: en 2007 le asignaron 4,9 millones de euros, de los que 2,7 se dedicaban a los gastos de personal.

Su tarea en los primeros años consistió fundamentalmente en elaborar informes sobre programas de gasto del Gobierno. Y ese fue precisamente su “error”: los primeros estudios que analizaban subvenciones y pagos llegaron cuando ya había comenzado la crisis y ponían en tela de juicio programas estratégicos, como las ayudas a las energías renovables o las líneas ICO. Además, la salida de Sevilla del Gobierno en 2007 dejó a la AEVAL sin su principal defensor en La Moncloa.

Reducción de presupuesto y plantilla constante

En este contexto, sus informes pasaron a un segundo plano y se limitaron a informes con encuestas sobre la percepción ciudadana de los servicios públicos y la actividad de las agencias estatales. Además, los recortes estaban a la orden del día y su presupuesto fue bajando hasta los 3,9 millones de 2014 y su plantilla pasó de 75 a 47 personas.

Incluso a partir de 2015, cuando los ajustes empezaron a aliviar, la AEVAL siguió viendo recortado su presupuesto. En 2015, ascendió a 3,8 millones y en 2016 perdió otros 100.000 euros, hasta quedarse en 3,7 millones. Para este año, había sufrido otro tajo, que rebajaba a 3,6 millones su partida de gastos.

Muchos se extrañaron de este nuevo recorte tras la firma del pacto PP-Ciudadanos, que exigía una evaluación del gasto público (spending review) que fue incluida en el Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas. Esta tarea parecía que ni pintada para la AEVAL. Pero a comienzos de verano, Hacienda prefirió encargársela a otro organismo: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que empezará evaluando la eficacia de los más de 20.000 millones de euros de subvenciones que se mueven en España.

Así, la Agencia dejaba de tener sentido en ese mismo momento y de ahí que Montoro decidiera prescindir de ella. No obstante, no está prevista la publicación del informe de la AIREF hasta finales de 2018. La AEVAL desaparece once años después de su creación sin haber cumplido las expectativas ni de Jordi Sevilla ni de quienes creían que iba a ser el remedio contra el despilfarro en el gasto público. Mientras tanto, ha costado unos 40 millones de euros.

Imagen: PSOE.