Por Carlos Gorostiza, relaciones institucionales de Estrategos, consultora de asuntos públicos y comunicación especializada en inteligencia preventiva.

A juzgar por los movimientos existentes parece que todo el mundo quiere regular los lobbies en España, empezando por los propios lobistas, que llevan años reclamando una legislación que haga visible su actividad, la regule y le quite el sambenito de opacidad y secreto, cuando no de corrupción, con el que carga.

Cataluña tiene desde febrero un registro de grupos de interés. La CNMC también cuenta con su registro, voluntario y vinculado a un código ético, el Partido Popular ha presentado ante el Congreso una propuesta de modificación del reglamento para regular la actividad lobista. Ciudadanos presentó una proposición Integral de lucha contra la corrupción que habla de los lobbies. En Castilla-La Mancha y Asturias también se está trabajando en su regulación. En Madrid, la Comunidad ya manifestó el año pasado su intención de crear un registro público de grupos de interés y el ayuntamiento de la capital acaba de aprobar en pleno las líneas básicas de su primer registro de lobbies.

Empezamos a ser conscientes de la urgencia de una regulación clara, transparente y pública, como la que existe en la mayoría de los países anglosajones y en la propia Unión Europea. Porque nuestros políticos reciben a mucha gente (a más de la que usted se cree) y regular esta actividad sin duda contribuirá, de entrada, a su propia tranquilidad y, por supuesto, a mejorar la transparencia de nuestro sistema político.

Contra los muchos partidarios de las jugosas conspiraciones, la fortaleza del lobista no es su maletín ni sus amistades sino el conocimiento detallado del burocrático, intrincado y cambiante mundo de la política. Una habilidad y una dedicación que, sobre todo, ahorra mucho tiempo tanto a los propios políticos como a las empresas que contratan servicios de lobby.

Descubrir la sencillez con que un buen lobista transmite a un político datos que le importan y le resultan útiles dará para pocas películas de espías y el colmo del aburrimiento sería conocer cómo funciona una profesión laboriosa, que se enfrenta cada día a exhaustivos y aburridos informes que debe ser capaz de convertir en material útil para unos políticos que viven apresurados entre comisiones, ponencias, plenos, viajes, declaraciones, actos públicos, entrevistas e intervenciones. Pero que, aun así, al final tienen que votar y decidir con lo que saben.

¿Cuál es, entonces, la dificultad en la regulación? Pues que, como casi todo en política, no es fácil. En el debate del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, algún concejal manifestaba su temor a que, si un ciudadano le para en la calle para hacerle una consulta tal vez debería asegurarse de que esa persona está inscrita en el registro o negarse a hablar con ella. Absurdo, claro, pero esclarecedor de la dificultad de ese tipo de regulación que -también se dijo- podría llegar a paralizar el trabajo de los políticos (en 2013 en el Parlamento Europeo por cada europarlamentario había siete lobistas acreditados y no es probable que hayan disminuido).

En el otro lado de la mesa no faltan dificultades para definir como lobbies a entidades como sindicatos, patronales, Iglesias, ONGs, Fundaciones, etc. que no encajan tan bien en el estereotipo del lobista de corbata y bombín. El diablo, como siempre, enredando en los detalles.

Un cambio en el reglamento parlamentario como el que propone el PP no es cosa menor, y puede ser cosa mayor si, aprovechando que se abre el debate, los grupos se animan a presentar otras modificaciones ajenas al asunto que nos ocupa, retrasándolo o haciéndolo imposible.

También debe recordarse que en España existen 17 parlamentos autonómicos (todos ellos soberanos en su ámbito), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin olvidar las tres Juntas Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, lo que requeriría un acuerdo de validez múltiple para todo el territorio o 22 acreditaciones para cada lobista. La Ley de Transparencia catalana y el decreto del registro ya alude a que la inscripción debe servir también para los ayuntamientos de la Comunidad. ¡Ah! que no habíamos hablado de ayuntamientos…

Justamente esa dispersión de registros por territorios e instituciones podría acabar limitando gravemente los fines esenciales de la regulación lobista: transparencia, publicidad y facilidad de acceso, por lo que estamos en el mejor momento para tratar de legislar con lógica e impulsar un registro unificado o, al menos coordinado, para todas las instituciones del país.

La regulación lobista en España avanza pero despacio. Su necesidad es tan obvia como lo es la dificultad de trasladarla a los boletines oficiales. Lo cierto es que, cuanta más información haya y más transparente sea esta, mejores leyes tendremos. Y de eso se trata. De ninguna otra cosa.

Imagen: Zincapital.