En los últimos meses, el Gobierno no para de lanzar guiños a los empleados públicos. Tras una primera legislatura en la que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, suprimió una paga extra a los funcionarios y dejó en mínimos la tasa de reposición, en los últimos meses parece estar dispuesto a hacer lo que sea para recuperar su favor.

Hace poco más de un año, la repetición de las elecciones generales fue la excusa perfecta para que Hacienda terminase de devolver la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012. En mayo de 2016, Hacienda elevó un 33 por ciento el gasto de personal para consignar más de 325 millones para abonar la última parte de la paga extra eliminada en 2012.

Pero una vez pasadas las elecciones de junio de 2016, el Gobierno siguió “mimando” a los empleados públicos: los presupuestos de 2017 incluían una subida salarial del uno por ciento, la mayor desde que comenzó la crisis. Por ahora, en las cuentas públicas no se nota este incremento, ya que, al haberse aprobado los presupuestos de 2017 la semana pasada, cobrarán en julio el importe adicional correspondiente a la primera mitad del año.

Más plazas y nuevos aumentos salariales

Debido a que todavía no se ha aplicado la subida y a la recuperación de parte de la extra de 2012 el año pasado, el gasto en personal ha bajado un seis por ciento en los primeros cinco meses del año.

Ahora, cuando acaba de dar luz verde al techo de gasto, el Gobierno quiere volver a subir el salario a los empleados públicos. Y Montoro ha dejado la puerta abierta a que los aumentos sean superiores al uno por ciento establecido para este ejercicio. Ha prometido mejoras salariales hasta 2020 a este colectivo.

Pero Hacienda no sólo ha sacado la cartera para elevar la remuneración de los funcionarios, sino que también ha prometido incrementar las plantillas. El Gobierno ha pactado con los sindicatos la convocatoria de 250.000 plazas para los próximos tres años. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han respaldado este plan con el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad al 20 por ciento en el sector público.

De esta forma, el ministro de Hacienda y Función Pública parece dispuesto a echar el resto para conseguir el voto de los empleados públicos en las próximas elecciones generales, que deberían celebrarse en el año 2020.