El interventor general del Gobierno de Cantabria se llama Gabriel Pérez Penido y es el alto cargo mejor retribuido de toda la administración autonómica. Incluso tiene unas retribuciones superiores a las del propio presidente autonómico. Así, Miguel Ángel Revilla percibe 60.129 euros brutos este año, según el Portal de Transparencia regional. Pérez Penido cobra 88.316 euros brutos anuales. Es decir, más que el consejero de Hacienda, que percibe casi 57.400 euros, el que lo nombró. Y esto es así en virtud del artículo 25.3 de la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2017, y que puedes consultar en el siguiente enlace. No obstante, seguro que es más cómodo comprobarlo con esta captura de pantalla que puedes visualizar también en la web autonómica.

A mitad de tabla aparece 'Intervención General'.

Este artículo 25.3 aprueba para el interventor general un complemento específico de 52.389 euros, una cuantía que es superior en 26.039 euros al complemento específico del resto de los directores generales. Esto supone para el interventor general una retribución exacta de de 88.316’42 euros. Tampoco te lleves las manos a la cabeza. Los ministros nombran a los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado y directores generales y estos cobran mucho más que aquellos. Los ministros, superarán los 70.000 euros brutos anuales, según las cuentas de 2017. Muchos de los escalones inferiores en la Administración General del Estado son ‘cienmileuristas’.

A esta cuantía de 88.316’42 euros anuales hay que sumarle los trienios de antigüedad. Pérez Penido tiene 66 años y lleva unos 40 años cotizados por lo que sus retribuciones se aproximan a los 100.000 euros brutos anuales. Recuerda que el presidente del Gobierno tiene una sueldo público asignado de 78.966 brutos en 12 pagas. A partir del mes que viene, con los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en vigor, será un uno por ciento más.

La exposición de motivos de la Ley de Presupuestos del Gobierno de Cantabria nunca ha aclarado las razones de ese incremento de retribuciones para el interventor general. Cabe suponer que con ello se está retribuyendo la especial preparación y cualificación profesional que requiere el ejercicio de las funciones de ese puesto directivo y, además, el plus de honradez, integridad y honestidad, que se le exige como encargado del control interno de la Administración.

Pérez Penido, a la derecha.

Sueldos Públicos se puso en contacto con Pérez Penido y nos atendió amablemente. Reconoció que tuvo que rectificar “una línea” de su currículum publicado en la página web. También, que su sueldo es el más alto del Gobierno de Cantabria. Por otro lado, explicó que su puesto es de libre designación y que había sido nombrado, a dedo, por el consejero de Hacienda del ejecutivo autonómico, Juan José Sota. Es decir, un cargo de confianza para un trabajo con muchísima responsabilidad. Además, Pérez Penido también argumentó que la cuantía de su sueldo se debía a la singularidad del puesto y a su experiencia de 40 años en la Administración Pública. No obstante, dejó claro, a preguntas de Sueldos Públicos, que era licenciado en Filosofía y Letras y que había entrado en el cuerpo de funcionarios actual como técnico auxiliar de la Seguridad Social, como puedes comprobar en esta captura de pantalla del BOE de 11 de junio de 1995. No obstante, Pérez Penido también ha sido jefe de sección, jefe de área y jefe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Hacienda. Más abajo lo puedes comprobar. Entendemos que esos puestos le otorgan solvencia para desempeñar sus actuales funciones.

Para la designación del interventor general en la Comunidad Autónoma de Cantabria no se siguió un proceso selectivo en el que pudieron ser analizados, valorados y comparados los curriculum vitae de varios candidatos. No. El nombramiento del interventor general se hizo “a dedo”, exactamente igual que para el nombramiento de los consejeros o los directores generales.Que un consejero o un director general sea nombrado a “dedo”, al margen de la cualificación profesional, puede entenderse, pues en ambos casos se trata de cargos directivos que deben estar en la misma línea política del nuevo Gobierno de turno, y a los que se exige fundamentalmente “lealtad y fidelidad”. Además ni tan siquiera existe la obligación de que sean funcionarios públicos, aunque eso sí, por razones de “lógica” profesional, deban tener una formación acorde con la materia del área de sus competencias, compatible con esa lealtad política al Gobierno que le nombra.

Los funcionarios no entienden que esa misma filosofía de nombramiento a dedo y lealtad política se aplique a la figura del interventor general, máximo responsable del órgano encargado de controlar los actos económico-administrativos del propio Gobierno que le nombra. Sostienen que esta situación merma “la independencia para defender el interés general de la Administración frente al Gobierno que temporalmente la ocupa. Y esa independencia necesaria queda todavía más en entredicho si, además, se le asignan al funcionario que ocupa el puesto de interventor general unas retribuciones muy superiores a las del resto de los directores generales, incluso superiores a las de los consejeros, con la excusa de retribuir la especial preparación y cualificación profesional del funcionario que lo ocupa, así como ese plus de honradez, integridad y honestidad que recoge la norma”. Los funcionarios consultados por Sueldos Públicos nos afirman que tienen constancia del asunto los sindicatos SIEP, CCOO, UGT y CSIF en Cantabria.

En este sentido, CSIF Sector Autonómico de Cantabria asegura que en una Junta de Personal celebrada hace meses se trató este asunto, pero de manera general, poniendo encima de la mesa la necesidad de que las plazas de libre designación fueran cubiertas por funcionarios. Esta sección sindical sostiene que el puesto de interventor general “es el más importante” del Gobierno autonómico y este tipo de decisiones trunca la carrera de muchos funcionarios que ven cómo los políticos de turno usan su potestad para designar a personas en plazas que deberían ocupar ellos.

Un currículum con datos esenciales omitidos

A finales de 2015, se puso en marcha el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (PTGC). Inicialmente, Pérez Penido ocultó en su currículum su titulación académica y el cuerpo de funcionarios al que pertenece, motivo por el que el Gobierno de Cantabria fue requerido para que el documento mostrara, al menos, esta información fundamental en todo CV: la titulación académica y el cuerpo de funcionarios al que pertenece el cargo.

En esta captura de pantalla que puedes ver, se muestra una parte del currículum como aparecía inicialmente en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, donde se omitía esa información.

Sabemos que el sindicato SIEP se dirigió al Gobierno de Cantabria solicitando la modificación del currículum de Pérez Penido en el Portal. Tras el requerimiento al Gobierno de Cantabria, los datos de Pérez Penido se modificaron, apareciendo ahora tal y como se muestra en el anexo II a este correo electrónico, y que puedes comprobarse en el enlace. Sueldos Públicos se ha puesto en contacto por teléfono con SIEP, pero con nulos resultados. Les hemos enviado un correo electrónico este viernes y nos han contestado diciendo que estaban en un congreso y que “el lunes nos ponemos en contacto”. (Nos han devuelto la llamada y nos confirman que han recibido la documentación de los funcionarios para registrar estas anomalías en la Administración).

Además, en el currículum inicial, Penido también alegaba haber ocupado el puesto de interventor “territorial” del INSERSO en Cantabria. Este dato es incorrecto, pues Penido tan solo fue interventor “adjunto”, por lo que en la corrección que hizo de su biografía se vio obligado a matizarlo. Suprimió la palabra “territorial” por “adjunto”. Según los funcionarios consultados, esto suponía reconocer el falseamiento de su currículum.

Reflexiones de un funcionario

Sueldos Públicos ha contado con la opinión de un colectivo de funcionarios que prefieren mantenerse en el anonimato y que opinan lo siguiente sobre esta situación:

La licenciatura en Filosofía y Letras es una titulación muy digna, por supuesto, pero completamente ajena a la formación en materia económica, financiera, presupuestaria, de administración y contabilidad que se requiere para el desarrollo de las funciones de máximo responsable de una Intervención General de Comunidad Autónoma, y ese fue sin duda el motivo por el que Pérez Penido lo ocultó inicialmente en su currículum.

Por otra parte, el cuerpo general administrativo es un cuerpo generalista muy digno, por supuesto, pero de un contenido y un perfil profesional claramente insuficientes para poder ocupar el puesto de máximo responsable de una Intervención General, y ese fue el motivo por el que el Pérez Penido también ocultó inicialmente en su currículum el cuerpo de funcionarios al que pertenecía. Pérez Penido es un funcionario que entró en la Administración General del Estado con Franco.

Su nombramiento es legal, pues de no haber sido así las asociaciones de funcionarios habrían acudido al juzgado a denunciarlo. Pero, precisamente esa es la noticia, que es legal que el Gobierno de Cantabria pueda nombrar a cualquiera como interventor general, sin ningún procedimiento selectivo y sin ningún requisito, incluso ni siquiera sería necesario que Pérez Penido fuera funcionario. (Hemos consultado que este dato no es del todo cierto. Aunque es de libre designación, uno de los requisitos es ser funcionario para optar a este puesto, según el sindicato SIEP).

Nosotros seguimos opinando que el nombramiento de Pérez Penido es un clarísimo ejemplo de manipulación "legal" de la Administración Pública que hay que denunciar. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Cantabria debería explicar y aclarar cuáles fueron los méritos que se tuvieron en cuenta para su nombramiento. ¿Ocurre también en otras autonomías?

Imagen: El Diario Montañés. Pérez Penido, a la derecha.