La reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública sigue su trámite en el Congreso. La Ley de Contratos del Sector Público ya está en fase de ponencia, después de que los grupos presentaran sus enmiendas. Y buena parte de ellas recogen las recomendaciones de la Fundación Ciudadana Civio, que usa la tecnología para aplicarla a la transparencia y la apertura de datos. En muchos casos de forma literal.

El pasado mes de diciembre, después de analizar a fondo el proyecto de reforma propuesto por el Gobierno, publicaron y enviaron a todos los partidos del Congreso una lista pormenorizada y detallada de recomendaciones para mejorar esa propuesta y convertir la norma, esencial para evitar y controlar casos de corrupción, en un verdadero garante de la transparencia. Además, la iniciativa sirve para la rendición de cuentas y el control de la acción de gobierno.

De hecho, las recomendaciones de Civio se centran en dos ámbitos de la norma: la transparencia de todo el proceso de un contrato, desde los estudios previos hasta la ejecución final; y la creación de un sistema de control independiente y fiable que detecte irregularidades. No pretendían enmendar toda la norma, sino esas dos áreas, en las que han trabajado en los últimos años.

Con ese documento en la mano, a principios de año, se reunieron con los cuatro principales partidos en el Congreso -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- para trasladarles sus propuestas. Con las enmiendas presentadas por todos los grupos ya entregadas, se puede hablar de los primeros resultados de este proceso: prácticamente todas han pasado a formar parte del listado de enmiendas. De hecho, Podemos y Ciudadanos han incluido la gran mayoría de ellas; y el PSOE, más de la mitad. El PP, en cambio, ha ninguneado todas las recomendaciones.

Todo el proceso, abierto y transparente

Una de las bases de las recomendaciones que presentaron y discutieron con los partidos es que todo el proceso debe ser transparente, desde los informes que justifiquen la necesidad de un contrato o las justificaciones del tipo de procedimiento hasta la ejecución final, las modificaciones y su evaluación. Así, la propuesta de la fundación detalla todos los documentos que deberían ser públicos en cualquier expediente de contratación, con la sola excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada.

La directiva europea obliga a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas, como sujetos obligados, aunque con unas obligaciones menores que las de las administraciones públicas. Este paso marcado por Europa debería servir para mejorar la transparencia y las medidas anticorrupción vinculadas a la financiación de los partidos. Pero el Gobierno coló un cambio sustancial entre el anteproyecto y el proyecto que finalmente presentó que no respeta la intencionalidad de la norma europea. Es decir, si en la directiva queda claro que se excluyen del ámbito de la norma los contratos relacionados con campañas políticas "en el contexto de una campaña electoral", el redactado del proyecto elimina este entrecomillado y amplia las excepciones para rendir cuentas a todas las campañas, se celebren cuando se celebren.Civio propone volver al texto anterior y los tres principales partidos de la oposición lo han incluido en sus enmiendas.

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