Francisco Fernández Marugán es desde el 20 de julio de 2017 Defensor del Pueblo en funciones y sucede en el cargo a Soledad Becerril cuyo mandato expiró el 19 de julio de 2017. 

Marugán era el número dos con Becerril. El puesto estaba retribuido con 117.695 euros brutos el año pasado. Fernández Marugán sigue como Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero al Defensor con un salario de 109.734 euros, incluidos 14 trienios. 

Según la página web del ente, Fernández Marugán nació en Cáceres el 6 de octubre de 1946, fue nombrado adjunto primero en julio de 2012 y ha sido diputado en ocho legislaturas. Es economista por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Economía Pública y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda. Fernández Marugán asume las funciones de Defensor del Pueblo por tiempo indefinido mientras no se produzca la elección de nuevo titular.

El 7 de junio de 2017 escribíamos:

Soledad Becerril dejará su cargo como defensora del Pueblo en las próximas semanas. Al cumplirse los cinco años de mandato, deja el puesto sin un sucesor en el horizonte, así que habrá que buscar un nuevo candidato. El sueldo es atractivo: 116.530 euros brutos al año, más la antigüedad correspondiente si se es empleado público. Es decir, uno de los salarios más altos de los altos cargos del Estado, que cobra aproximadamente 35.000 euros más que Rajoy.

Según el Portal de Transparencia de la institución, Becerril cobró el año pasado algo más de 117.000 euros por su trabajo. Los 116.530 con los que está retribuido el puesto de Defensor del Pueblo y los 570 euros que le corresponden por un trienio como empleada pública que indica el portal. Si hacemos un cálculo aproximado, sus ingresos por este cargo durante cinco años rondan los 575.000 euros brutos.

Becerril ha sido la primera mujer defensora del Pueblo. Su nombramiento fue aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado en julio de 2012 y tomó posesión el 23 del mismo mes. Antes de ser designada para el cargo, había desempeñado una importante carrera política, siendo la primera ministra de la Democracia, al asumir la cartera de Cultura en 1981. Durante seis legislaturas ha sido miembro de las Cortes: cinco como diputada -una de ellas como vicepresidenta del Congreso- y en otra legislatura como senadora. También ha sido concejal (teniente de alcalde) del Ayuntamiento de Sevilla y, en 1995, fue elegida alcaldesa de Sevilla, cargo que desempeñó hasta 1999. Con 34 años ya era diputada nacional. Era 1977. En total, unos 19 años con escaño en el Congreso, otros cuatro como senadora... Deja el cargo tras 34 años cobrando sueldos públicos en política. Entre 1977 y 1982 y luego, ininterrumpidamente, desde 1989.

Soledad Becerril Bustamante (marquesa de Salvatierra) nació en Madrid el 16 de agosto de 1944. Es licenciada en Filosofía y Letras, rama de Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad de Sevilla y ha fundado una revista, La Ilustración Regional.

El resto de la plantilla del Defensor del Pueblo

Becerril no es la única “cienmileurista” de la institución ya que sus números dos, Francisco Miguel Fernández Marugán, y tres, Concepció Ferrer, y el secretario, José Manuel Sánchez Saudinós, también lo son. Según los datos del Portal de Transparencia del Defensor del Pueblo, el año pasado percibieron 108.647 euros los dos primeros y 103.579 el secretario. Además, perciben los importes correspondientes a su antigüedad en el cargo (13, 1 y 9 trienios, respectivamente). La plantilla se completa con un director del Gabinete técnico del defensor del Pueblo, con un salario de 92.477 euros.

Fíjate que hay personal administrativo que percibe un salario que oscila entre los 32.000 y los 39.900 euros brutos anuales, sin contar con los trienios. Y el personal subalterno percibe unas retribuciones de 23.000 a 29.700 euros. Lo tienes todo en este enlace. Como verás, las cantidades superan lo percibido en el ámbito privado. 

La institución recibió en 2016 un total de 16.485 escritos de queja de los ciudadanos, a los que hay que añadir 39 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo. A esta cifra hay que sumar aquellos ciudadanos que han sido atendidos personalmente por la institución: 16.178, de los cuales 3.475 fueron presenciales y 12.703 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Eso son 244 llamadas semanales, de media. Casi 49 por cinco días laborales a la semana.

Imagen: El Español (Jorge Barreno).