¿Cuántos inútiles caben en un partido político? ¿Y cuántos de esos cobran un sueldo? ¿Cuántos de los inútiles acaban en la calle cuando vienen mal dadas? Son preguntas que te habrás hecho en más de una ocasión. Ya sea por tu breve paso en una formación porque te afiliaste un tiempo y saliste corriendo viendo lo que había o intentaste aportar tus conocimientos en grupos de trabajo y te hicieron la vida imposible y acabaste tirando la toalla porque no comulgabas con el sector ‘oficialista’.

Es evidente que no se puede generalizar y la gran mayoría de empleados hace su trabajo con suficiente diligencia. Otra cosa son los criterios de contratación. La endogamia, sobre todo en los partidos tradicionales, es norma. Colocar a la mujer de un diputado en el partido de secretaria, por ejemplo, o al sobrino de una consejera puede ser el pan nuestro de cada día. La mediocridad campa a sus anchas. Y niñatos que no han pegado un palo al agua los tienes a patadas. Todos ellos procedentes de las secciones juveniles de los partidos políticos, uno de los gérmenes más nocivos de nuestra democracia.

Ahora bien, ¿qué pasa si un partido, de los grandes, se pega un tortazo electoral y el número de escaños que obtiene no le permite costear su tren de vida: sedes, despachos, asesores, personal administrativo o equipo de comunicación? Todos a la puñetera calle. Recuerda los problemas que arrastra Izquierda Unida con deudas y despidos o reducción de salarios. Tres cuartos de lo mismo pasa con los sindicatos. O las sedes embargadas de la extinta Convergència i Unió.

No olvides la disminución de ingresos del PSOE y despidos tras los malos resultados de Rubalcaba en 2011 y que se han acentuado con las citas electorales de Pedro Sánchez. Incluso esta semana, la prensa comentaba que la propia sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz podría pasar a la historia si el PSOE tiene menos de 70 escaños en unas próximas elecciones y por lo tanto, menos subvenciones públicas. Lo que pasa en todas las familias: Si no hay dinero, no puedes pagar el alquiler.

En junio del año pasado, tras las elecciones autonómicas, Unión Progreso y Democracia presentó un ERE que acabó afectando a 40 de las 53 personas que la formación magenta tenía en plantilla. Un ejemplo, todos los responsables de prensa autonómicos cesaron. Quedó, hasta final de 2015, una estructura mínima nacional de 13 personas en la sede de la calle Cedaceros en Madrid, a tres pasos del Congreso de los Diputados. Los afectados recibieron la indemnización, el finiquito, la nómina y la parte proporcional de la paga extra con normalidad. Además, pudieron quedarse el teléfono móvil del trabajo y el ordenador portátil. Afortunadamente, el partido, en enero de 2015, previó esa situación de catástrofe electoral y no gastó más de la cuenta y pudo hacer frente al coste de los despidos.

Y otro ejemplo más. Este es más reciente. El Partido Popular en la Comunitat Valenciana ha cambiado de sede en la capital del Turia recientemente para ahorrarse un buen dinero en alquiler todos los meses. La merma de ingresos por tener menos representación en las Cortes Valencianas en esta legislatura ya vislumbraba algo así en mayo del año pasado. Pero, además, a principios de 2016, algunos técnicos parlamentarios o administrativos ya fueron despedidos con un ERE, algunos con cierta antigüedad. Lo último es que, según publicaba Levante-EMV hace tres semanas, el partido, a nivel provincial, comunicó el despido de cuatro personas en Valencia. La plantilla se ha quedado solo con la gerente y una administrativa.

Ni las cuotas de los militantes -en UPyD se pagaban 20 euros al mes, con algunas excepciones para parados y jubilados que abonaban 9; en el PSOE se pagan 60 euros al año- ni las aportaciones de los cargos públicos electos de la Diputación pueden sostener una infraestructura sobredimensionada cuando tienes el respaldo de menos papeletas en las urnas. Atrás quedaron los tiempos de Zaplana y Camps en Palau de la Generalitat y más tarde, Alfonso Rus, en la institución provincial y Rita Barberá en la ciudad de Valencia. El ‘chiringuito’ se había mantenido boyante gracias a las continuas mayorías absolutas cosechadas por los ‘populares’. Pero ahora, tampoco ha servido solicitar a Génova la autorización para pedir un crédito. Los despidos se comunicaron en septiembre. En el caso del PP provincial, los afectados son personal de comunicación, administrativos y limpieza.

Imagen: El Mundo. (Biel Aliño). Fachada de la antigua sede del PP en Valencia en la calle Quart.