Su nombramiento ya fue polémico, cuando tenía en contra al partido socio del Gobierno, Sumar. Sin embargo, nada impidió que asumiera el cargo, como ya te contamos en este digital. Pero su último escándalo no ha pasado por alto para el Consejo de Ministros que ha tramitado su destitución como directora del Instituto de las Mujeres. Y, así, Isabel García se despide de forma bastante veloz de su condición de alto cargo. 

Una decisión rápida que se ha tomado tras conocerse que las empresas que comparte con su pareja, Imber Consultoría de Igualdad SL y Elig consultoría política de igualdad y diversidad SL, recibieron 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el partido socialista para gestionar los puntos violetas contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. Una información que publicó el diario El Español el pasado 16 de julio. 

Isabel García.

Su puesto pertenecía al Ministerio de Igualdad que encabeza Ana Redondo, quien le dio un tiempo para que se explicara, pero al final ha cesado. García aseguró que estas entidades no entraban en conflicto de intereses con su cargo. En este ha estado apenas siete meses, pues fue nombrada el 27 de diciembre de 2023. Desde esta fecha hasta final de ese año, unos cuatro días, no cobró nada, según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. En otras ocasiones, sí aparecen los ingresos por 10 días. Ese es el único dato concreto que podríamos tener sobre su sueldo, el resto son aproximaciones. 

Tenía rango de directora general, por lo que, según los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que están prorrogados, le correspondía un salario base de 15.237 euros brutos anuales, un complemento de destino de 16.047 euros y uno específico de 27.763 euros. En total, 59.047 euros. Además, tenía derecho a las dos pagas extraordinarias de 2.209 euros cada una. Ya son 63.465 euros. Cabe tener en cuenta que la nómina de estos altos cargos sufrió un incremento del 3,5% debido al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), según Economía Digital. Es decir, la cifra asciende a 65.686 euros los que habría percibido en un año completo. Por siete meses ha podido cobrar unos 32.843 euros. No obstante, podría haber ingresado más como remuneración por el complemento de productividad que designa la propia ministra. Su retribución exacta no se conocerá hasta el primer trimestre del próximo año. Hay un ejemplo de una de sus antecesoras: Antonia Morillas percibió 59.420 euros por siete meses en el puesto en 2021. En números redondos, un director general del Estado puede percibir 80.000 o 90.000 euros anuales, incluso más.

Una carrera ligada a la igualdad

Isabel García Sánchez nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1968. Su biografía emitida por el Gobierno en el momento de su nombramiento no hace referencia a formación académica alguna, pero en su perfil de LinkedIn aparece un posgrado en Igualdad Laboral cursado entre 2021 a 2022. En el sector privado, ha trabajado en diferentes empresas como responsable y área de gestión de ventas.

Lleva unos ocho años cobrando sueldos públicos en política, desde que en 2015 fuera elegida diputada de Igualdad, Juventud y Deportes en la Diputación de Valencia. En este cargo estuvo hasta 2019, año en el que percibió una retribución de 36.644 euros, según lo publicado por la institución provincial. Allí creó la Red de Municipios contra la violencia de género de la provincia de Valencia, premiada por el Ministerio de Igualdad en 2022, y el Feminario de Valencia, espacio de debate feminista de ámbito nacional, así como el Congreso Internacional de Mujeres y Deportes. El puesto lo ocupó simultáneamente con el de concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia).

Después, pasó a ser asesora del delegado del Gobierno en Valencia durante tres meses, hasta llegar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde estuvo hasta 2022, y luego ejerció como consultora de políticas de igualdad en el sector privado. Ha recibido algunos reconocimientos durante su trayectoria profesional. 

Una asesora de Bolaños como sucesora

Desde Moncloa han proclamado el cese de García al mismo tiempo que han hecho oficial el nombramiento de su sucesora. Se trata de Cristina Hernández que, en la actualidad, trabajaba como asesora en el Gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños. Los sueldos de este tipo de cargos no se publican en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, ni tampoco sus nombres y currículums. Son personal eventual y según una información publicada por Voz Pópuli la retribución anual está sobre los 54.000 euros, aunque la cifra depende de categoría y destino de cada uno de ellos. 

Hernández es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y cuenta con un master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London. Su biografía publicada por el Gobierno, la califica como “especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género”. En su trayectoria profesional ha trabajado como asesora para ONGs, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido profesora asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.

Ha sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género. También ha ejercido como asesora en materia de igualdad para el Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, además de portavoz y concejala socialista del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y becaria del Instituto de las Mujeres.