Redacción/EFE.- Repartir dinero público sin autorización. En total, 1,8 millones de euros en sobresueldos. ¿Qué te parece? El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha concluido la investigación de una de las piezas del caso Vaersa (empresa pública de residuos) y ha acordado el procesamiento de dos exdirectores de esta empresa pública por autorizar el reparto de 1,8 millones de euros en sobresueldos sin el visto bueno del Consell entre 2007 y 2011. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza ve “indicios racionales” de que Felipe Espinosa y Enrique Simó podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa.

Los sobresueldos correspondieron a una paga de productividad que los directores, según la jueza, autorizaron “con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana”.

La instructora explica que en el ejercicio 2007, el entonces director general, Espinosa, adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados. Lo hizo, según recoge el auto, “pese a no contar con la debida autorización del Consell, presuntamente a sabiendas de que no existía dicha autorización, actuando al margen de la legalidad vigente y con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”.

De la misma manera actuó en 2008, cuando repartió 416.00 euros; en 2009 el importe ascendió a 478.000 y en 2010 distribuyó 502.000. La misma práctica la mantuvo en 2011 la persona que le sucedió en la dirección de la empresa, Enrique Simó, que repartió con cargo a los fondos públicos más de 62.000 euros. Los dos exdirectores fueron perceptores de esos fondos repartidos de forma supuestamente irregular, según el auto de procesamiento, que indica que Espinosa cobró cerca de 60.000 euros y Simó, 48.000.

Además del auto de procedimiento abreviado, la instructora ha dictado otro auto en el que acuerda sobreseer la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, que fue investigada (imputada) después de que uno de los exdirectores dijera que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos. Este auto de procesamiento pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para la celebración de juicio.

Vaersa es una empresa pública de la Generalitat Valenciana encargada de la protección y mejora del patrimonio natural, infraestructuras y gestión de residuos, prevención de incendios forestales, obras de ingeniería, gestión y desarrollo rural y educación y sensibilización ambiental.

El 25 de mayo pasado, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obligaba a reponer las condiciones laborales a 98 empleados de Vaeresa despedidos con el segundo ERE de la empresa pública. Durante los años del PP en el gobierno autonómico, la compañía sirvió de agencia de colocación para algunos afines y la plantilla aumentó de manera desproporcionada.

Imagen: UGT.