Redacción/ Europa Press.- Te imaginas que tu jefe te dice “no vengas a trabajar en siete semanas aunque te voy a pagar el salario base y los complementos igualmente”. Pues más o menos eso es lo que ha pasado con dos centenares de diputados del Congreso. Ya lo contamos al finalizar la X legislatura. En octubre informamos de que eran 246 los parlamentarios que habían solicitado la llamada indemnización de transición. La historia se repite tras finalizar esta legislatura de ‘fogueo’.

Un total de 203 diputados de la X Legislatura van a cobrar la denominada 'indemnización de transición', una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo por la disolución de las Cortes, previa solicitud expresa de la misma. Se trata del 88,6 % de los 229 exdiputados que podían solicitarlo, lo que supone que sólo 26 han renunciado a esa compensación.

Tras la disolución del Congreso sólo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 121 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas.

El resto, vaya o no en las listas de los próximos comicios, puede pedir una indemnización que se corresponde con el sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución del Congreso -que tuvo lugar el 3 de mayo- y la jornada de reflexión de las elecciones del 26 de junio.

Para calcular la cuantía se toma como referencia el sueldo base de los diputados -los 2.813,87 euros brutos de asignación constitucional- más los complementos que recibían en función de sus responsabilidades en el Congreso. La indemnización no se suma en esta ocasión.

También Gómez de la Serna

De los 229 diputados que cesaron con la disolución del Congreso en mayo, un total de 203 solicitaron esta indemnización de transición, lo que supone un 88,6% del total. Por partidos, son 66 del PP, 59 del PSOE, 32 de Podemos y sus confluencias, 26 de Ciudadanos, cuatro de Convergència (CDC), de ERC y del PNV, tres de Compromís y uno de IU-Unidad Popular, Foro Asturias, CC y NC, más el ex'popular' Pedro Gómez de la Serna, investigado por la Audiencia Nacional por un supuesto cobro de comisiones.

Entre ellos destaca el caso de Francisco Domingo Cabrera, del PP, el diputado más breve de la legislatura: llegó al Congreso el 19 de abril en sustitución del exministro José Manuel Soria, cesó dos semanas después (3 de mayo), y ahora va a cobrar una indemnización mayor por el equivalente a 53 días de sueldo.

Además, en el listado figuran alcaldes como el 'popular' Carmelo Romero (de Palos de la Frontera, Huelva) y el convergente Ferran Bel (regidor de Tortosa, Tarragona), y concejales como los del PP Teófila Martínez (Cádiz), Eloy Suárez (Zaragoza) y Agueda Reynés (Mahón), y Luis Miguel Salvador (de Ciudadanos, edil en Granada).

Eso sí, la indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado. Por ello, dos de los beneficiarios sólo cobrarán parte de la compensación ya que en este periodo han encontrado otros ingresos. Se trata de Elena Álvarez Simón, del PP, que percibirá el equivalente a 28 días de indemnización, y la actriz Rosana Pastor (Podemos), que sólo cobrará por 30 días.

Sólo el 11,3% rechaza la compensación

Sólo un 11,3% de los diputados que cesaron en mayo han renunciado a cobrar indemnización. La mayoría de esos 26 parlamentarios proceden de dos partidos, pues 11 son del PP -incluyendo a los secretarios de Estado José María Lassalle (Cultura) y Tomás Burgos (Seguridad Social)-, y 10 de Podemos (entre ellos la juez Victoria Rosell), mientras que el resto se reparten entre PSOE, ERC, PNV, EH Bildu y UPN.

En el Senado, sólo 13 de los 194 senadores que tenían derecho a solicitarla, apenas el 6,7%, renunciaron a cobrar la indemnización de transición, que en la Cámara Alta tiene una cuantía fija para todos los senadores: 8.345,16 euros.

Y una vez celebradas las elecciones, los diputados y senadores que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir además una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

¿Tres indemnizaciones?

Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.813,87 euros brutos, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Como consecuencia de la corta duración de la XI Legislatura, la Cámara va a tener que hacer frente a la vez a varias indemnizaciones: las de transición de los diputados que dejaron de serlo el 3 de mayo, las de cese que todavía paga a 27 exmiembros del Congreso que se disolvió en diciembre y las de cese que deberá abonar a aquellos que no consigan escaño en junio y tengan derecho a percibirla.

Fuente de la fotografía. Pillateunlinux. A la derecha, Rajoy, durante un debate cuando Zapatero era presidente del Gobierno.