Pedro Antonio Sánchez está al borde del precipicio político y jurídico sólo un año después de ser elegido presidente de la Región de Murcia. La Guardia Civil ha solicitado su investigación/imputación por indicios de contratación irregular con la trama Púnica cuando ejercía como consejero de Educación. También ha pedido la imputación de Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena.

Sánchez lleva 17 años en la primera línea de la política murciana, ya que inició su andadura en 1999 como director general de Juventud y director del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, hasta el año 2003. En mayo de ese año fue elegido diputado de la Asamblea de Murcia y un año después fue elegido alcalde de Puerto Lumbreras, cargo que ostentó hasta 2013.

Ese año abandonó el municipio donde nació para ejercer como consejero de Educación bajo las órdenes, primero de Ramón Luis Valcárcel y después de Alberto Garre. Además, compaginaba sus cargos públicos con los de partido: desde 2008 ha sido vicesecretario de Organización y Relaciones Institucionales y desde junio de 2015 ocupa la Secretaría General del PP murciano.

Cobrará este año 67.582 euros, menos que los consejeros de su gobierno

Según el portal de transparencia de la comunidad, Sánchez cobrará este año 67.582 euros, con lo que su salario apenas será 2.000 euros inferior al de un ministro. Además, curiosamente, también cobra menos que sus consejeros, cuyo salario está fijado en 70.408 euros este año.

Su declaración de bienes indica que cuenta con un total de cuatro inmuebles de su propiedad: una finca rústica en Puerto Lumbreras y tres viviendas unifamiliares, dos en su localidad natal y la otra en Murcia capital. También posee un VW Golf del año 1999 y tiene créditos pendientes por valor de 114.643 euros.

Si finalmente es imputado, el pacto de investidura con Ciudadanos correría peligro, aunque no es la primera vez que Sánchez se ve implicado en un caso de corrupción. Durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, fue citado a declarar para esclarecer la adjudicación de las obras del auditorio de la localidad en 2006 dentro de un caso en el que se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

Fuente de la fotografía: Cartagena Actualidad.