Salarios desglosados en los contratos públicos, con detalle según la categoría profesional y diferenciando sexos. ¿Se está cumpliendo? Parece que queda mucho por recorrer. Al menos así lo indica el informe de Transparencia Internacional “Una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España”,  actualizado con datos de abril de 2023.

La contratación pública en España es un ámbito especialmente vulnerable a la corrupción, en gran parte debido al enorme volumen de recursos públicos que involucra. El rol de la contratación pública ha ido cobrando importancia con el paso de los años, llegando a representar un 11,11% del PIB español en 2020, según un comunicado y el informe sobre la contratación pública en España, consultados por Sueldos Públicos.

Autovía. (Ministerio de Transportes).

Diversos estudios de la Unión Europea calculan que las pérdidas económicas ocasionadas por la corrupción y el fraude oscilan entre 120.000 y 323.000 millones de euros anuales. En el área de la contratación pública, esta pérdida se estima entre un 13% y un 25% del valor del contrato, que en términos de PIB oscila entre un 14% y un 20% del PIB europeo.

A esto se suman otros factores que contribuyen a generar potenciales situaciones de prácticas corruptas: la complejidad del sistema de contratación pública en España, así como la específica distribución territorial y los distintos niveles de control.

Por ello, resulta indispensable que las medidas y acciones que se adopten para prevenir y mitigar los riesgos de fraude y corrupción se lleven a cabo desde un enfoque preventivo y colaborativo de acción colectiva a través de los Pactos de Integridad como herramienta clave, en el que sector público, empresas y sociedad civil intervienen y participan activamente.

Este documento esboza una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Para ello, identifica los principales riesgos de fraude y corrupción que afectan a los procesos de contrataciones públicas en este país, así como los principales retos y desafíos en la materia, con el fin último de proponer algunas recomendaciones o reformas para mitigarlos y afrontarlos.

Presupuesto base de licitación

Esta cifra marca el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación para ese contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios del mercado. A tal efecto se debe desglosar de forma que en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación consten: los costes directos, los costes indirectos, y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación también deberá indicar, de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

Prevenir y mitigar el fraude y la corrupción

A partir de la correcta identificación de los principales riesgos de fraude y corrupción que pueden surgir en cualquiera de las fases del ciclo contractual, es clave identificar también cuáles son los principales controles, medidas y acciones que deben atenuar cada uno de estos riesgos, así como los instrumentos generales o políticas que existen y/o que deberían existir en materia antifraude o anticorrupción en relación con la contratación pública. En cuanto a los controles ordinarios y vinculados a la función interventora para todas las fases del procedimiento de contratación, conforme a la LCSP, el órgano interventor debe:

1) Antes de la aprobación del expediente, constatar que existe crédito adecuado y suficiente para las obligaciones que del contrato se deriven para la Administración y para el gasto que se propone (según el Artículo 32 LCSP la carencia o insuficiencia de crédito es causa de nulidad del contrato, salvo los supuestos tasados de emergencia del Artículo 97).

2) Fiscalizar la totalidad del expediente de contratación para garantizar el cumplimiento de la legalidad en la contratación.

3) Preparar y emitir un informe de fiscalización previa con carácter pleno o limitado previo a la adjudicación, y también todos los actos relativos a la interpretación, modificación y resolución de los contratos requieren informe previo de Intervención siempre que tengan contenido económico.

4) Fiscalizar todas las fases de ejecución del gasto: autorización del gasto, informe previo del expediente de contratación, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación, junto con la intervención y comprobación material de las inversiones.

La sociedad civil definitivamente cumple (y debe cumplir) un rol fundamental en los procesos de contrataciones públicas. La participación de la ciudadanía es clave para exigir que el poder rinda cuentas, y también aumenta la legitimidad de las decisiones públicas que se adoptan, y aumenta así la confianza ciudadana. De cara a la preparación del informe y a los fines de conocer cuál es la perspectiva de la sociedad civil en este ámbito, y cuáles son las iniciativas de participación de la sociedad civil en el control y monitoreo de los procesos de con tratación pública, se preparó y remitió una encuesta a varias organizaciones de la sociedad civil en España entre cuyos ámbitos de actuación se encuentran la prevención de la corrupción, transparencia, acceso a la información pública, vigilancia ciudadana de políticas públicas y actividad parlamentaria, democracia, etc.

Recomendaciones del informe

• Aprobar un plan o estrategia integral nacional anticorrupción y antifraude, que tenga un enfoque holístico e involucre a todos los organismos o autoridades en materia de contratación pública.
• Garantizar un marco jurídico adecuado y actualizado en materia anticorrupción, aprobando las reformas legislativas pendientes.
• Garantizar una gestión adecuada de los riesgos en la contratación pública mediante la elaboración de matrices y mapas de riesgos que identifiquen de forma completa y sistemática los factores de riesgo de comisión de fraude, corrupción y otras irregularidades.
• Adopción de controles y medidas preventivas y efectivas de atenuación de los riesgos. Implementar adecuadamente las disposiciones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción clave para identificar las irregularidades en los procesos de contratación pública. Promover mayor participación de la sociedad civil en materia de contratación pública, diseñando herramientas e iniciativas bajo el enfoque de acción colectiva.
• Involucrar a las empresas en promover mayor transparencia e integridad en los procedimientos de contratación pública, asegurando que cuenten con normativa interna (políticas, protocolos y procedimientos) adecuados y actualizados.
• Promover mayor digitalización y accesibilidad (datos abiertos) en materia de información sobre contrataciones públicas.
• Fomentar mayor colaboración y coordinación administrativa entre todos los organismos intervinientes en los procesos de contrataciones públicas, a nivel nacional pero también a nivel autonómico y local.
• Promover la utilización de los mecanismos de control que se exigen para la gestión de los fondos Next Generation a todos los procedimientos de contrataciones públicas.
• Dotar de recursos suficientes y adecuados, y de programas de formación, al personal que gestiona los procesos de contratación pública (desde órganos de gestión a órganos de control y supervisión).
  

Esta formación al personal que interviene en los procesos de contratación pública debe incluir un contenido tanto técnico como ético y estar unificado en todo el territorio nacional para garantizar una calidad mínima y un itinerario común.

Noticias relacionadas

10 motivos por los que España sigue empeorando sus ‘notas’ en materia de corrupción desde 2020