Las irregularidades y escándalos en instituciones públicas no son algo poco común, sobre todo las últimas semanas. Esta vez, la controversia se ha generado en medio de la campaña para las elecciones municipales de San Javier, Murcia. A pocos días de la elección del nuevo gobierno local, el actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular, José Miguel Luengo Gallego, quien también ocupa el cargo de secretario general del partido en la Región de Murcia, se ha visto involucrado en un posible caso de conflicto de intereses relacionado con la licitación de un contrato millonario para la gestión del servicio de agua y alcantarillado en la ciudad. Se trata de uno de los contratos más lucrativos, con un valor de 247 millones de euros para una concesión de 20 años.

La polémica, que ya pone en riesgo su candidatura y su sueldo público, surge debido a que la redacción de los pliegos de la licitación fue encargada a una consultoría que también presentó a uno de sus principales clientes al concurso, resultando finalmente ganador. La consultoría en cuestión es Ingeagua, la cual no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, cuyo principal accionista es el multimillonario mexicano Carlos Slim, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, lo cual genera sospechas sobre la imparcialidad del proceso. Esta situación atípica hace que la evaluación del criterio económico, todavía pendiente, sea irrelevante, ya que ninguna de las propuestas alternativas podría superar la diferencia de puntos ya otorgada en la evaluación técnica.

El alcalde de San Javier, J.M. Luengo Gallego.  

La candidatura de Luengo podría peligrar ahora que se han destapado estas posibles irregularidades en el consistorio y podría perder una nómina de 52.000 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas. Actualmente sigue percibiendo cada mes 3.714 euros, según los datos del Portal de Transparencia. Además, en 2021 percibió un total de 2.305 euros en dietas de desplazamiento y comidas.

Luengo es técnico superior en Topografía y Urbanismo. Además, es ingeniero técnico en Obras Públicas con especialidad en urbanismo y graduado en Ingeniería Civil. Trabajó en la empresa privada hasta el año 2011 como ingeniero de obras pública y, después, fue hasta 2015 diputado regional y concejal de Servicios Públicos Municipales.

Ahora bien, cabe preguntarse quién permitió que el conflicto de intereses que ahora compromete al alcalde tuviera lugar. Ingeagua nunca ocultó que Aqualia era uno de sus clientes privados. Por lo tanto, todas las miradas se dirigen hacia la persona del Ayuntamiento de San Javier que decidió que esta consultoría fuera la responsable de crear y valorar una de las licitaciones municipales más importantes.

Se trata de Juan Gabriel Lizán García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de la localidad. Fue designado funcionario de carrera por el actual alcalde de en junio de 2019. El proceso de selección fue muy criticado y desde entonces se ha convertido en su hombre de confianza dentro del consistorio para la contratación de obras, servicios y ahora concesiones. Durante años podría haber estado ejerciendo de forma simultánea la profesión libre y la función pública, sin que conste la preceptiva autorización de los ayuntamientos para ello. Desde su posición de funcionario ha favorecido a sus colaboradores habituales en el despacho consiguiéndoles encargos directos o de terceros, según informó el diario El Plural.

Su nombramiento como ingeniero municipal está publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se le otorga la plaza de funcionario de grupo A1. En los presupuestos de 2023 aparece en el anexo de personal la retribución para ese puesto con esa categoría. Se compone de un sueldo base de 17.049 euros con trienios de 2.625 euros. También tiene asignado un complemento de destino de 8.291 euros y un complemento específico de 18.195 euros. Además, bajo el concepto de “otros” percibe 3.062 euros. El total anual es de 49.222 euros.

Técnico en Moratalla

Antes de conseguir la plaza de funcionario de carrera en el Ayuntamiento de San Javier ocupó el cargo de técnico de la Oficina Técnica Municipal de Moratalla (Murcia) y, entre sus funciones, recaía la supervisión del contrato del servicio de agua encomendado a Aqualia, la misma empresa a la que ahora otorga la máxima puntuación técnica posible (49 puntos de 49). Actualmente es vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, lo que le permite extender su red de contactos con diferentes empresas.

Lizán también se ha visto implicado en casos de corrupción. Concretamente, en 2013 se le incluyó en la querella por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra el consejero de Educación de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en los diversos contratos administrativos firmados durante su mandato como alcalde de Puerto Lumbreras. En ese momento, el juez instructor del caso acordó el sobreseimiento libre por el delito de prevaricación de Lizán, entre otros, que también estaban imputados en la causa.