¿Cuántas veces miras la letra pequeña de la nómina? No la cantidad neta. Los porcentajes y eso que te descuentan para formación. ¿Qué crees que está haciendo el Gobierno con 2.655 millones de euros que proceden de las nóminas de los empleados en España? Asociación, Formación y Empresa (AformaE), que representa a centenares de empresas de la formación en España, ha denunciado es viernes en Madrid que el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha abandonado al sector de la formación bonificada en España “por la puerta de atrás”. 

La Asociación argumenta que lo hace por dos vías: las amenazas a los empresarios que reciben e imparten cursos; y la retención de casi 2.700 millones que pagan los trabajadores a través de sus nóminas, que deberían dedicarse al fin por el que se abonan -la formación- y que permanecen en las arcas del Gobierno sin un fin claro, según un comunicado.

“Hemos intentado a través de todas las vías dialogar con Trabajo para explicarles que la legislación actual perjudica a los trabajadores, que pagan por obtener una formación que en muchos casos no reciben; y a muchísimos empresarios honrados, que reciben cursos y deben soportar amenazas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e investigaciones de la Seguridad Social por una interpretación cuestionable de las leyes”, ha explicado José Luis García Guglieri, presidente de AformaE, en un encuentro con periodistas.

Ese diálogo ha sido, hasta la fecha, imposible. Más bien al contrario, Díaz ha procedido a reformar la Ley de Empleo y se ha arrogado la facultad de utilizar el sobrante que se recauda por las cuotas de formación para otros fines. Y ello pese a que varios grupos políticos enmendaron el texto en el Congreso y en el Senado para que lo que se recauda por formación se destine únicamente a ese capítulo.

El actual director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, cobró 99.636 euros brutos, inluidos nueve trienios de antigüedad el año pasado. Por su parte, la directora del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado Rosique, percibió 100.272 euros, incluidos 11 trienios. En cambio, la titular del departamento, Yolanda Díaz, cobra menos. Según datos del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, ingresó 82.537 euros en 12 pagas como vicepresidenta del Gobierno.

Retención de cuantías

AformaE recuerda que cada nómina de un trabajador por cuenta ajena o de un autónomo incluye una cuota de formación equivalente al 0,1% de la misma. La empresa, por otro lado, abona un 0,6% adicional. En total, un 0,7% de cuota que propicia que, anualmente, se recauden unos 2.100 millones de euros en concepto de formación para empleados que “deberían destinarse para ese uso puesto que la cuota tiene carácter finalista”, denuncia García Guglieri. Sin embargo, hay una gran cantidad en manos de Trabajo que no se emplea para tal fin. AformaE ha obtenido, a través de Transparencia, una respuesta del Ministerio en el que reconoce que hasta finales del año 2021, el último sobre el que tenía obligación legal de rendir cuentas, existe un remanente de 2.655 millones. La cantidad, a principios de 2023 “podría ser mucho mayor”, explica el presidente de la Asociación.

Guglieri detalla incluso que hay fuentes empresariales y sindicales que hablan de un remanente mucho mayor, de entre 5.000 o 6.000 millones. “En cualquier caso, que haya parados 2.655 millones es escandaloso. Son 2.655 millones que podrían servir para formar a los profesionales, mejorar competencias y permitir, en último término, que los negocios prosperen por la mejora en conocimiento de los empleados”.

Lejos de dar salida a esa cuantía, “lo que convierte la cuota de formación en un auténtico impuesto al empleo, los de Yolanda Díaz han propiciado una reforma de la Ley de Empleo que habilita al Ministerio a dedicar el remanente de la formación a otros fines siempre que esa cifra supere los 2.000 millones. Casualidad o no, los datos oficiales reconocen que se supera esa cantidad. “¿Qué va a pasar con ese dinero? No lo sabemos, pero tenemos la sospecha: quieren desmantelar la formación bonificada por la puerta de atrás por una desconfianza hacia la iniciativa privada que nos apena”, concluye el presidente de AformaE.

Amenazas a empresarios

Más allá del remanente, la otra gran amenaza que se cierne sobre los empresarios de la formación bonificada es el de las advertencias y propuestas de sanción, a cargo del SEPE y la inspección de la Seguridad Social, respectivamente, que reciben los destinatarios de sus cursos. ¿Por qué? La legislación que más problemas está causando es la Ley 30/2015, de 9 de septiembre -heredera de una ley similar del año 2007- que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y que se trata de un texto que a ojos de AformaE es “rígido, confuso y susceptible de interpretaciones injustas y perjudiciales”.

Esa ley obliga, por ejemplo, a que los cursos que se imparten en las empresas tengan relación con el objeto comercial de la compañía, lo que a ojos vista no resulta extraño. El problema viene de quien interpreta la ley, que decide por su cuenta y riesgo qué es adecuado y qué no lo es. Y eso termina en “cartas y multas amenazantes” que, por efecto dominó, se traduce en una crisis reputacional brutal para quienes ofrecen la formación.

“Nos hemos encontrado con cuestionamientos tan raros como los de que se habilite a trabajadoras de una peluquería en competencias digitales. ¿Por qué? No lo sabemos. El caso es que cuando esa peluquería empieza a recibir amenazas de manera injusta, lo primero que hace es desconfiar de quien le ha ofrecido la formación, y lo segundo, no volver a contratar un curso nunca más en su vida”, aduce Guglieri, que va más allá y recuerda que el Estado debería quedar al margen de la formación bonificada, ya que quienes la abonan son los trabajadores, los autónomos y las compañías privadas. 

Se da la circunstancia, además, de que la mayoría de los procesos que el SEPE abre a las compañías, y que después propician investigaciones mucho más serias de la Seguridad Social, terminan en nada. Acaba demostrándose la inocencia del empresario en el juzgado, “pero todo ello después de que, durante unos años, haya tenido encima la losa de una posible multa de 400.000 euros que ha provocado incluso que cierre su negocio”, explica Guglieri. “Estamos hablando de un drama que persigue a cientos de familias y del que no se habla porque, bajo el yugo del SEPE y la Seguridad Social, los afectados no se atreven a denunciar públicamente. Y a nosotros nos está generando una fama tan injusta que, incluso, estamos asustados”, concluye. Este digital pubicó en febrero tres testimonios de pequeños empresarios que habían recibido las mencionadas cartas, con el nombre modificado por temor a represalias y más inspecciones. 

Posibles soluciones

Perdida la ocasión de una reforma de la Ley de Empleo que al menos corrigiese las lagunas de interpretación que ofrece la Ley 30/2015, AformaE deposita parte de sus esperanzas en una reforma de la Ley de Formación que, por otra parte, parece difícil que llegue este año por motivos electorales. 

En cambio, aspectos como el de las erróneas interpretaciones del SEPE podría corregirse a través de una Orden Ministerial, que llevaría mucho menos tiempo y engorro administrativo. AformaE se muestra totalmente dispuesta a abordar “con lealtad y proactividad” una “pequeña reforma” que corrija “este desaguisado”, garantice la movilización de fondos de la formación, evite dramas personales por inspecciones erróneas y dedique, también, una pequeña cuota de 420 euros para formación de autónomos, “los grandes olvidados de la legislación actual”.

Sobre AformaE y el sector de la formación

AformaE se fundó en 2015, pocas semanas después de publicarse una nueva normativa que modificaba la actividad de la formación en el empleo: la formación de los trabajadores. Como asociación empresarial, sus miembros son empresas que ofrecen servicios de formación a empresas de toda España. En 2018 se asoció a la CEOE, como miembro de la Comisión de Educación y Formación Profesional, en la que se destaca como representante de las empresas que organizan formación bonificada.

La formación bonificada es aquella que las empresas contratan y pagan con sus propios medios, pudiendo luego bonificar total o parcialmente el importe satisfecho en las cotizaciones a la Seguridad Social. El sector de la formación, según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), movió en el año 2021, último del que se tienen datos disponibles, una cifra de negocio equivalente a los 1.800 millones de euros.