Incrementar el gasto de manera continua desde 2019 y prever nuevas partidas sin tener una financiación garantizada no es una buena estrategia para cuadrar las cuentas. Eso lo saben los millones de familias que ajustan su presupuesto para llegar a final de mes con los sueldos exprimidos. Y eso también lo saben, en teoría, las administraciones públicas. Bueno, no todas ni de todos los niveles.

En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó este jueves el Informe complementario de evaluación individual de los Presupuestos para 2023 de las Corporaciones Locales (CCLL), que completa la evaluación del subsector local incluida en el Informe sobre el conjunto de las Administraciones Públicas con un análisis individual y como grupo de las 24 mayores CCLL. En dicho Informe, la AIReF emite dos recomendaciones dirigidas a las once CCLL que han registrado mayores incrementos de gasto en los últimos ejercicios para que analicen los incrementos registrados desde 2019 y eviten nuevos aumentos de gastos o bajadas de ingresos con carácter estructural cuya financiación permanente no esté garantizada. Este análisis deberá ser remitido a la AIReF.

La entidad fiscalizadora explica en un comunicado que las CCLL destinatarias de la recomendación son los ayuntamientos de Alicante, Barcelona, Córdoba, Madrid, Palma y Valladolid, las diputaciones de Valencia y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife, el Consell de Mallorca y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La AIReF señala que el crecimiento medio del gasto computable en 2022 fue superior al 9%, una cifra que no tiene precedente en años anteriores y se produce tras un aumento de más del 7% en 2021. Estos incrementos se deben, fundamentalmente, a la expansión del gasto corriente. Entre 2019 y 2022, periodo en el que han estado suspendidas las reglas fiscales, el gasto computable de las grandes CCLL ha crecido un 23%.

Los ayuntamientos de Alicante, Madrid, Palma, Valladolid y Vigo, la Diputación Foral de Bizkaia, el Consell de Mallorca y el Cabildo Insular de Tenerife han incrementado su gasto computable en 2022 por encima de la media del grupo, más del 9%. Destaca, especialmente, el aumento del gasto computable en el Cabildo de Tenerife, de más de un 40% el pasado año, habiendo sido de entorno a un 13% en 2021. Asimismo, la Diputación de Sevilla aumentó dicho gasto en 2021 cerca de un 140%, si bien en 2022 el aumento sobre este nivel fue de un 1%.

La AIReF señala que el mantenimiento en 2023 de estas tasas de crecimiento del gasto computable supondría un deterioro del saldo de las grandes CCLL y un riesgo para la sostenibilidad. Además, recuerda que la recomendación específica para España del Consejo Europeo establece límites cuantitativos al crecimiento del gasto primario corriente. En este contexto, emite las recomendaciones.

La AIReF incluye en el informe las estimaciones del cierre esperado en 2023 para las grandes CCLL una vez depurado el efecto positivo de la liquidación negativa del sistema de financiación del año 2020 y su compensación. El objetivo es mostrar los resultados que dependen de la gestión de la propia Corporación, en condiciones homogéneas con otros ejercicios, ya que grandes CCLL han tenido un impacto negativo de 700 millones en 2022 y tendrán un impacto positivo superior a 500 millones en 2023.

Superávit del 1% de los ingresos

Según las previsiones de la AIReF para 2023, las 24 grandes CCLL, sin el efecto de la liquidación de 2020, registrarán un superávit de un 1% sobre sus ingresos. Estas previsiones empeoran las incluidas en el informe de líneas del pasado mes de octubre, como consecuencia fundamentalmente del cierre de 2022 (superávit del 2%). Son muy próximas a las comunicadas por las propias CCLL y coherentes con lo previsto a nivel de subsector. En el caso de las Diputaciones Forales del País Vasco, a las que no es aplicable dicho efecto, la AIReF prevé un empeoramiento del saldo en 2023, como consecuencia del peor cierre comunicado de 2022.

Para este ejercicio, la AIReF solo prevé que incurran en déficit, resultante de su gestión, los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valladolid y la Diputación de Sevilla. Si se incluye el impacto positivo en 2023 de la liquidación de 2020 y su compensación, solo registrarán déficit en 2023 el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Sevilla. En este sentido, cabe señalar que el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau ha registrado déficit todos los años del periodo de suspensión de reglas fiscales.

Reducción del superávit desde 2018

Desde 2018 hasta 2022, este grupo de grandes CCLL ha reducido su superávit, en términos homogéneos, casi un 80% (alrededor de 1.800 millones), porcentaje que se elevaría al 90% si se incluyen las previsiones de la AIReF para 2023. Esta reducción se ha producido de manera desigual por entidades. Desde 2018 a 2023, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, y Valencia y la Diputación de Sevilla han reducido sus superávits más de 10 puntos sobre sus ingresos. En 2018, el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, obtuvo un superávit superior a 1.000 millones, que ha reducido en su totalidad en 2022, previendo la AIReF que incurra en un ligero déficit en 2023. Por su parte, la Diputación de Sevilla ha visto reducido el superávit de 2018 más de 26 puntos en el citado periodo, fruto de la aplicación de remanentes.

En cuanto a la deuda, en 2023 las grandes CCLL tendrán de media una deuda del 39% de sus ingresos corrientes. Todas las CC. LL. de régimen común están por debajo del límite del 75%, ratio a partir de la cual la concertación de endeudamiento está sometida a condiciones de autorización o no está permitida por la normativa.

Retribuciones

Durante 2022, el total de las retribuciones de los miembros del Comité Directivo previstas asciende a 744.830 euros según la siguiente distribución:

• Cristina Herrero, presidenta, con 10 trienios de antigüedad (T), 156.624 euros brutos. Accedió al cargo el 4 de marzo de 2020, en sustitución del actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que cobró 4.720 euros por seis días laborables en el cargo en enero de ese año. En ese año Herrero ingresó 125.490 euros, incluidos nueve trienios y en 2021, 153.385 euros. Sin contar los tres primeros meses de este año, Herrero ya ha cobrado más de 425.000 euros como presidenta de la AIReF.
• Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario (5T), 148.344 euros.
• Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico, 145.190 euros.
• José María Casado, director de la División de Evaluación del Gasto Público, 145.190 euros.
• Diego Pérez, director de la División Jurídico Institucional (7T), 149.243 euros.