Son ya varios los delitos investigados en el Puerto de Cartagena. Tráfico de influencias, nombramientos a dedo, tratos de favor en adjudicaciones de contratos y prevaricación forman la extensa cola de irregularidades que se han dado en el seno de la Autoridad Portuaria de Cartagena. El pasado mes de enero dimitió la que fuera presidenta del Puerto de esta ciudad milenaria, Yolanda Muñoz, tras conocer la denuncia de la Fiscalía por esta presunta trama de corrupción. El mismo destino le deparó al director general del Puerto, Fermín Rol, que fue destituido por el Consejo de Administración al ser imputado por este mismo caso. Adiós a jugosos sueldos públicos. En febrero, Pedro Pablo Hernández asumió de manera interina la plaza de Muñoz, una situación que ya ocurrió en abril de 2019. Además, hace dos semanas, también fue destituido el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez.

La Fiscalía afirmó en un escrito que, durante los siete años investigados, la Autoridad Portuaria de Cartagena experimentó designaciones selectivas para cargos públicos y presiones para alterar los términos de algunos pliegos de concurso para beneficiar a una empresa y perjudicar a la que prestaba servicios. También se elaboraban pliegos de condiciones a medida o se realizaba el fraccionamiento de contratos para poder tramitarlos como menores y evitar la convocatoria de concurso público.

Yolanda Muñoz. 

En este asunto también están implicados el expresidente, Antonio Sevilla, y el exdirector general, Pedro Vindel. Según informó elDiario.es, Sevilla otorgó una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que estaban vinculados el jefe de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala, y Dionisio Ramos, empresario inmobiliario, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid. Tras esto cesó en el cargo. Su predecesora se enfrenta a acusaciones similares. Muñoz está siendo investigada por presuntamente “coaccionar” al comité técnico para cambiar el informe de licencia por imprudencia con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad SdotA.

Según el digital mencionado, los querellantes tienen conocimiento de que la comisión técnica "emitió un informe desfavorable a la oferta anormalmente baja de la empresa Salzillo Seguridad, firmada por los dos técnicos del Departamento de Instalaciones”. Otra investigación sobre Muñoz está en curso debido a denuncias por evaluación "subjetiva" durante un proceso de contratación para una empresa llamada Barraise SL que estaba relacionada con Susana García Bernal, una "amiga del presidente (de APC)". Además, constan supuestas irregularidades en la resolución de una bolsa de trabajo para la Policía Portuaria, favoreciendo a la primera trabajadora aparentemente de forma arbitraria por ser hija de un miembro del Comité de Empresa. Los dos contratos menores fueron adjudicados a la empresa por un importe total de 11.000 euros.

La denuncia de la Fiscalía partió de otra presentada en septiembre de 2021 por las delegaciones sindicales de CC.OO. y UGT el comité de empresa del puerto en la que señalaban posibles tratos de favor a empresas en la adjudicación de contratos, entre los que destaca la licitación de la oficina de proyectos de digitalización SOPRA, por un importe cercano al millón de euros. Además de Muñoz y Sevilla, están siendo investigados María José Barahona (jefa del Departamento de Planificación y Gestión), Paloma Escudero (jefa de la División de Innovación), José Pedro Vindel (exdirector de la APC), José Segura (jefe del Departamento de Instalaciones) y Francisco Ortiz (responsable de Compras).

El proceso judicial sigue su curso, pero están en juego unos generosos sueldos públicos. Según el Portal de Transparencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz tuvo una retribución de 96.175 euros brutos en 2022. Esta asignación suponía un salario base de 75.522 euros en 14 mensualidades y uno variable de 20.653 euros distribuidos en 12 mensualidades. Estuvo en el cargo algo más de tres años, desde diciembre de 2019 hasta enero de este año.

Lleva cobrando sueldos públicos en política desde 2003 cuando fue concejala de Urbanismo, Arquitectura, Vivienda, Transportes, Obras Públicas y Servicios Municipales en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Ocho años después ascendió a directora general de Arquitectura, Vivienda y Sueldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por cuatro años. En 2015 fue secretaria general de la Consejería de Fomento y cuatro años después lo fue de Educación y Cultura. Es licenciada en Derecho Comunitario con un máster de especialización en Derecho Urbanístico y Derecho Administrativo.

Sin embargo, el director general tiene un sueldo superior. Esta un juego una remuneración de más de 100.000 euros que, si finalmente es declarado culpable por estos delitos perdería. Según la página de transparencia del Puerto de Cartagena, Fermín Rol, cada año ingresaba 103.501 euros. Percibía 72.531 euros de sueldo base y 24.831 euros de variable. Además, tenía una retribución de 6.138 euros por antigüedad, como funcionario. Ocupaba el puesto desde septiembre desde 2016.

Rol es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especializado en cimientos y estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en gestión portuaria y transporte intermodal. Realizó un curso de Dirección, específico para el Sistema Portuario Español. Durante más de 20 años ha trabajado en la Autoridad Portuaria de Cartagena. Ha sido jefe en la división de Conservación y de Gestión de Explotación.