Si miras con detenimiento tu última nómina verás que todos los meses te ‘quitan’ el 0,10% para destinarlo a formación bonificada. Por ejemplo, para un sueldo bruto de 2.200 euros son 2,2 euros. Imagina la cantidad que se acumula todos los meses con 20 millones de cotizantes que existen actualmente en España. Al cabo del año se genera una buena ‘hucha’.

Por un lado, ¿piensas que toda esa cantidad la están recibiendo las empresas para ofrecer formación bonificada a sus empleados y mejorar así su competitividad? En verdad, sobra dinero todos los años. No se gasta totalmente. Es una formación que no le cuesta un euro al Estado ni a las comunidades autónomas porque sale directamente del sueldo, público o privado, de los empleados. Además, y esto es clave, hay que diferenciarla de la formación subvencionada que sí sale vía presupuestos y que tan mala fama arrastra por los casos de corrupción, véase los ERE de Andalucía y la pésima prensa que tiene.

Hemiciclo del Senado.

Por otro lado, y aquí viene la novedad, este miércoles se debaten y votan en el Senado las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley de Empleo. Y la redacción actual es un jarro de agua fría para los 3,3 millones de autónomos y para los casi tres millones de empresas en activo.

Por este motivo, Asociación, Formación y Empresa (AformaE), que representa a varios centenares de empresas del sector de la formación en España, pide a los partidos políticos que apoyen sus demandas y eviten que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pueda gestionar a su gusto y dedicar a otros usos el dinero que se deduce de las nóminas de los trabajadores para su formación.

En concreto, el pleno del Senado aborda hoy la votación de las enmiendas de los grupos al proyecto de la Ley de Empleo, cuyo artículo 65 elimina el carácter finalista de la cuota de la formación “y lo convierte en un auténtico impuesto al empleo”, tal y como denuncia en un comunicado el presidente de AformaE, José Luis García Guglieri.

El citado artículo otorga al departamento que lidera Yolanda Díaz la facultad de incluir el remanente de la formación bonificada al crédito del Ministerio de Trabajo, siempre que este supere los 2.000 millones de euros, y poder utilizar esas cantidades para políticas activas de empleo y otros usos.

Se da la circunstancia de que el remanente actual rondaría los 5.000 millones de euros. A esa cifra se ha llegado después de varios ejercicios en los que apenas se utilizan menos de 900 millones de los 2.000 millones que se recaudan. Ese dinero, puesto en el mercado, es un revulsivo para la economía de miles de empresas. Lo custodia el erario, pero pertenece a las personas con nómina y a los autónomos.

Enmiendas de los partidos

Tanto el Grupo Popular como Teruel Existe han presentado enmiendas al texto del proyecto de Ley para evitar que Trabajo “secuestre” esas cantidades. “Si el resto de los partidos apoyan la reclamación de estos dos partidos”, señala Guglieri, “podremos seguir peleando para que el dinero de la formación bonificada sirva para lo que realmente se creó: formar a los trabajadores de este país”.

Si el texto del proyecto se aprueba conforme a su actual redacción, la cuota de formación que se retiene en todas y cada una de las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena y en las cotizaciones de los trabajadores autónomos “pasará a convertirse de facto en una recaudación de libre disposición por la Administración, algo que debemos evitar cuando de lo que hablamos es de un fin tan justo y necesario para mejorar la competitividad empresarial como el de la formación de los empleados”, sostiene Guglieri.

Sueldos públicos ‘cienmileuristas’

Y mientras millones de asalariados y autónomos a duras penas han superado la cuesta de enero, sufren la subida del precio de los carburantes y de la cesta de la compra, otros, como los altos cargos del equipo de Díaz, llegan a fin de mes con más desahogos.

En este sentido, el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado ha actualizado recientemente los datos sobre las retribuciones de los altos cargos ministeriales correspondientes a 2022. Así, la titular del departamento de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta del Gobierno cobró 82.537 euros divididos en 12 pagas. Es la que menos gana del Ministerio. Sin embargo, al ser diputada por Pontevedra tiene derecho a percibir una indemnización de 1.959 euros exentos de tributación al mes (14 pagas).

Cabe destacar también, la remuneración del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que ingresó 128.020 euros, incluidos siete trienios de antigüedad por su condición de funcionario. De esa cantidad, unos 80.290 euros corresponden a su sueldo, tal y como viene reflejado en el BOE. La diferencia se debe al complemento de productividad y, en menor medida, a los trienios.

La subsecretaria de Trabajo y Economía Social, Gemma del Rey Almansa, percibió 116.599 euros, incluidos cuatro trienios; el director de Gabinete de Díaz, con rango de subsecretario, Josep Vendrell Gardeñes, cobró 114.038 euros; la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, percibió 97.196 euros, incluidos cinco trienios, y la secretaria general técnica, Blanca Cano Sánchez, 99.429 euros, con nueve trienios. Llama la atención el sueldo de la directora de Coordinación Jurídica de la vicepresidenta segunda, María Amparo Ballester Pastor, que cobró 102.809 euros, incluidos 10 trienios.