El Círculo de Empresarios* propone suprimir, en una primera fase, los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Luego, progresivamente, eliminar los de menos de 15.000 vecinos, seguir ahorrando y optimizar recursos. Todo viene explicado en un informe publicado este miércoles. El documento, que tiene 64 páginas y se titula “Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas”, defiende la “inaplazable reforma de las AAPP españolas”.

Concretamente, el texto detalla que, en el ámbito de las Administraciones Territoriales, una reestructuración completa centrada en administrar mejor y de forma más eficiente, priorizando el mantenimiento de servicios y prestaciones frente al coste de la administración, generaría un potencial ahorro de entre 10.300 y 16.100 millones de euros. Una primera fase abordaría la racionalización de parte del gasto de las diputaciones provinciales, así como la eliminación del 50% de los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes para constituir mancomunidades, áreas metropolitanas o comarcales alrededor de municipios de mayor tamaño. La segunda fase, garantizada la mejor prestación de servicios y suministros, podría llevar a una progresiva supresión de Ayuntamientos de municipios menores de 15.000 habitantes y la desaparición del nivel político-administrativo intermedio entre CCAA y Ayuntamientos.

Portada del informe.

Según cálculos hechos por este digital, a nivel de retribuciones, con esta propuesta solo tendrían un sueldo público asesgurado en la política local unos 550 alcaldes a día de hoy. Una vez ejecutada en su totalidad podríamos tener en nómina a 1.000 o 1.500.

Esto también acabaría con la distribución actual de elección de concejales según el tamaño del municipio: Hasta 100 residentes, tres concejales; de 101 a 250 vecinos censados, cinco; de 251 a 1.000, siete; de 1.001 a 2.000, nueve; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; y de 10,001 a 20.000 habitantes, 17 concejales. Piensa, por ejemplo, en el pueblo de tus padres, donde veraneas desde pequeño. Ya no habría alcalde ni concejales propios. Tendrían que fusionarse con los pueblos de alrededor y de esa suma de habitantes, hasta los 15.000, elegir a 17.

Actualmente, hay 8.131 municipios en España. Unos 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes. Casi 7.600 tiene menos de 15.000. Según los Presupuestos Generales del Estado para este año, que incluyen una subida de los sueldos públicos del 4%, los alcaldes de las ciudades que tengan entre 10.001 a 20.000 habitantes no podrán ganar más de 58.080 euros brutos; los regidores de las ciudades que tengan entre 5.001 a 10.000 habitantes tendrán un salario tope de 52.272 euros. Para los pueblos de entre 1.000 y 5.000 habitantes, sus ediles podrán ganar hasta 46.464 euros. (son cantidades máximas, lo normal es que se fijen unas retribuciones más modestas, dentro de la horquilla que les corresponde).

Además, sigue vigente la norma sobre los alcaldes de ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes: no pueden cobrar un sueldo público, solo dietas por asistir a órgano colegiados. Así, para los alcaldes con dedicación parcial al 75% podrán percibir un máximo de 34.848; los de dedicación parcial al 50%, hasta 25.555 euros; y los de dedicación parcial al 25%, un máximo de 17.424 euros. No obstante, la mayoría de estos representantes de los ciudadanos no percibe un euro o cuantías muy inferiores a estos máximos. 

Si se implementaran las propuestas del Circulo de Empresarios, ningún alcalde o concejal de un municipio de menos de 15.000 habitantes actual cobraría del erario. Habría que implementar una concentración municipal entre varias localidades cercanas para sumar la población mínima mencionada. A partir de ahí se formaría un nuevo consistorio. De esta manera también se profesionalizaría el cargo de alcalde, con dedicaciones exclusivas, en su mayoría. La idea no es nueva. La ya extinguida UPyD, Ciudadanos o Vox también han propuesto la fusión de municipios y la reducción de cargos electos y asesores a nivel local.

El informe argumenta que esta reducción de estructuras administrativas, lo que se llama duplicidades, junto con la mejora en la eficiencia de la prestación de servicios y el redimensionamiento del empleo público mediante políticas de reposición, supondría un potencial ahorro en gastos de personal. En el caso de las CCAA, que emplean al 60% de los asalariados públicos, en la primera fase considerada de tres años y estimando un grado de ejecución del 80%, el ahorro potencial podría estimarse en unos 11.600 millones de euros y en la Administración Central (Estado, Organismos Autónomos y Otras Entidades) en unos 2.100 millones. En el ámbito autonómico, está constatado el extraordinario margen de mejora en la gestión del gasto público y la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación territorial. El documento cifra en más de 16.800 las entidades del sector público que soporta el contribuyente español.

La evaluación del gasto priorizando la prestación de servicios y no el coste de administración lleva a plantear la conveniencia de hacer converger el gasto per cápita de partidas como educación y sanidad entre CCAA al gasto de aquellas más eficientes y eficaces sin merma para la calidad de los servicios o recorte de las prestaciones. Si se llevara hasta la media el gasto per cápita de aquellas en las que este es superior en el plazo de los tres años y con un grado de ejecución del 80% los ahorros potenciales estimados podrían llegar a casi 940 millones en el caso de la educación, excluida la remuneración del personal, y a unos 1.800 millones en el gasto de sanidad, excluido la remuneración de personal y el gasto en farmacia (que se incluyen en otros epígrafes).

Adicionalmente, en los estudios en los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifra de forma concreta el ahorro potencial para las arcas públicas -competitividad empresarial, farmacia hospitalaria y bienes de equipo y medicamentos con receta médica- lo cuantifica en 2.990 millones de euros, el 16,4% de gasto analizado en esas partidas. A partir de estos criterios se ha estimado un ahorro potencial adicional superior a 1.800 millones de euros, correspondientes a políticas activas de empleo (1.546 millones de euros), becas de educación universitaria (233 millones de euros) y Correos y servicio postal (31 millones de euros).

Finalmente, entre los ejes de reforma de las AAPP también destaca la simplificación administrativa y la calidad y racionalidad de la regulación como claves para el impulso de la actividad, así como la consecución de un Gobierno abierto y digital. A ello se añade un mayor rol para la colaboración pública-privada a través, por ejemplo, de la gestión privada de servicios públicos en los que con ello se consigan aumentos de eficiencia en costes y calidad.

Para mejorar su gestión, las AAPP podrían adoptar procesos utilizados con éxito en el sector privado y establecer objetivos claros, cuantificables y evaluables de forma periódica y transparente para cada Administración responsable de gestionar recursos públicos. La AIReF podría proponer una serie de indicadores de rendimiento que incentiven la continua mejora de los servicios prestados por el sector público y del desempeño de los empleados públicos, e incentiven a los ciudadanos y empresas a hacer un ejercicio de revisión permanente de la actuación de las AAPP.

Se trata de incluir la reforma y modernización de las AAPP dentro de las reformas estructurales necesarias, como iniciativa adicional de un plan integral y coherente de lucha contra la inflación, favorecedor del aumento de la productividad y del crecimiento económico, la actividad empresarial, la generación de riqueza y la creación de empleo. Por último, es necesario subrayar que la apremiante necesidad de reforma y modernización de las AAPP se une en la actualidad a la clara oportunidad que supone el Plan Europeo de Recuperación para financiar estas reformas. Se trata de una ocasión única que ha de ser aprovechada, antes de que la reforma venga impuesta por futuras estrecheces de financiación por parte del sector público.

Planificación y tamaño

El Círculo de Empresarios sostiene que es necesario fijar un mecanismo para mejorar la planificación presupuestaria de medio y largo plazo. Las reglas ya existen en la actual normativa de estabilidad presupuestaria, si bien deben reactivarse y mejorarse con la experiencia de las mejores prácticas existentes. Su reactivación y la participación en su reforma en las instituciones de la UE es una oportunidad para que España señale su compromiso con la calidad de las finanzas públicas. El establecimiento de un límite de gasto público y el reforzamiento institucional para su cumplimiento puede actuar como el mejor estímulo para incentivar las reformas y la modernización de las AAPP. Es importante exigir a las AAPP total transparencia y sujeción a requisitos de rendición de cuentas, como parte ineludible del mandato que les otorga legitimidad en un sistema democrático.

En este sentido, el límite natural del tamaño de las AAPP españolas en su conjunto está claramente establecido por la experiencia nacional e internacional y por la capacidad de recaudación pública para su financiación en el medio y largo plazo. Se sitúa en torno al 40% del PIB con un margen de flexibilidad del +/- 2% en función del momento cíclico. Un gasto público limitado opera como un potente incentivo para la reforma permanente de las AAPP y la medición de la eficacia de las políticas públicas que evite el sesgo permanentemente incrementalista de las últimas décadas. Un mayor gasto público no tiene por qué suponer necesariamente unos mejores servicios públicos. En cambio, su evaluación continua en busca de una mayor eficiencia y eficacia es la mejor manera de garantizar todos los recursos necesarios para las políticas prioritarias.

La aplicación de este límite permite estimar el ahorro presupuestario posible y apunta a la necesidad de la consideración de la eficacia, eficiencia y calidad del gasto público, y la evaluación de las políticas públicas como instrumento de diagnóstico de la situación de las AAPP, que conduzca a la elaboración de propuestas para su reforma y modernización. Así, una vez establecido el citado límite del 40%, habría que definir la senda temporal para alcanzar un saldo presupuestario de medio plazo, a tres años, compatible con el nivel de ingresos y gastos públicos definidos, así como una trayectoria temporal para la progresiva reducción de la deuda pública a un nivel sostenible.

Estas sendas, previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, deben ser actualizadas y compartidas con todos los agentes económicos. Una primera estimación no dinámica de ahorro sobre el gasto público liquidado en 2021 alcanza un total de unos 32.000 millones de euros. Es resultado de aplicar medidas de racionalización de las AAPP, mejora de la calidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos y reducción, o eliminación en su caso, del gasto burocrático-administrativo o el asociado a duplicidades, sin que implique recortes en los servicios y prestaciones.

Si se considera una senda de tres años para lograr el objetivo referenciado del 40% y se aplican los supuestos de evolución del PIB nominal previstos en el Escenario 2 del Plan Presupuestario 2023 y en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, se puede planificar una senda razonable de reducción de la ratio del gasto público sobre el PIB dada la elevada inflación y, consecuentemente, el notable crecimiento del PIB nominal. En este caso, el ahorro acumulado llegaría a los 48.600 millones de euros. 

*El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate creado en 1977. Tiene como principales objetivos la promoción del libre mercado y de la libre empresa.