“Mi propuesta es la conformación de un gobierno del bien común, del bien general y del sentido común. Un país que procure el bienestar de todo con unas políticas sociales”

Pedro Sánchez,

Congreso de los Diputados

Madrid, 4 de marzo de 2016

Y ¿cómo vas a pagar ese “todo”?

El viernes pasado, el candidato a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, desgranó una vez más, algunos de los 200 puntos del acuerdo entre su partido y el de Ciudadanos. Ni rastro de las palabras “sueldos públicos”. En los 66 folios del documento aparecen referencias al salario mínimo, a las retribuciones de los directivos de empresas, a la necesidad de desglosar los salarios de responsables internos y empleados de los partidos políticos y a la propuesta de dedicación exclusiva para los diputados y senadores. Pero los dos partidos no entran de lleno en el problema de las deficiencias y disparates de los salarios de nuestros políticos:

• Ni una sola palabra sobre la configuración de una tabla salarial sensata y racional sobre las retribuciones públicas de nuestros cargos electos y de confianza.
• Ni una sola palabra sobre las razones por las que presidentes autonómicos o decenas de alcaldes tienen una salario fijado más elevado que el del presidente del Gobierno o los ministros.
• Ni una sola palabra sobre la manera contratar a los cargos de confianza, también conocidos como los nombrados ‘a dedo’.
• Ni una sola palabra sobre la indemnización que perciben, sí o sí, los diputados y senadores para gastos de manutención y viajes, exenta de tributación, que se cobra, sí o sí, aunque las cámaras parlamentarias estén cerradas.
• Ni una sola palabra sobre los diputados y senadores que cobran la indemnización, libre de impuestos, pese a tener casa en Madrid.
• Ni una sola palabra sobre la indemnización de transición que perciben diputados y senadores tras la disolución de las cámaras por la inminencia de una campaña electoral.
• Ni una sola palabra sobre los políticos que no acuden a su lugar de trabajo y no cumplen con sus obligaciones de asistencia a los plenos. Ejemplo: Rita Barberá en el Senado.
• Ni una sola palabra sobre quién fija las retribuciones en las empresas públicas estatales y qué criterios se siguen. Los topes salariales que fijó Soraya Sáenz de Santamaría no se cumplen. Solo hay que ver el sueldo del presidente de la SEPI.
• Ni una sola palabra sobre el salario de los secretarios de Estado, cuya retribución puede superar los 140.000 euros. Un ejemplo: Diego López Garrido.
• Ni una sola palabra sobre los disparates salariales en los ayuntamientos. Un ejemplo: Molina de Segura.

No dedicar ni una sola palabra a estos asuntos nos aleja del bien común, como explicó Sánchez el viernes pasado. No abordar estos temas solo perpetúa el bien de unos pocos.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Grover Cleveland, repetía una y otra vez durante la campaña electoral de 1885 que “un cargo público es un deber público”. Alcanzó la presidencia ese año y luego en 1893. En su discurso inaugural de su primer mandato, el 4 de marzo de 1885, prometió ejemplaridad tras varios gobiernos anteriores llenos de corrupción:

“Cada ciudadano será un escrutador del servicio público, velará por la fidelidad a la ley y utilidad de cada funcionario (…) Es el precio (el deber) de nuestra libertad y la inspiración de nuestra fe en la República”.

Primera cuestión ¿Vigilamos de verdad a nuestros empleados públicos? ¿A nuestros políticos? ¿Pagan un precio electoral por ello? Si así fuera, el PP y el PSOE no deberían sacar más de 50 escaños entre los dos.

Segundo punto. ¿Tenemos fe en nuestra monarquía parlamentaria?

Fuente de la fotografía: www.noticiasparagetafe.com