Este lunes, la Agencia Valenciana Antifraude ha dado a conocer los resultados de la primera encuesta de Percepción de la Corrupción en España y en la Comunitat Valenciana. Para la realización de este estudio se ha entrevistado a más de 1.500 personas, de las cuales 400 han sido de la Comunitat Valenciana. Los resultados obtenidos muestran por primera vez una radiografía qué captan los ciudadanos con respecto a asunto de corrupción, ética e integridad pública.

Fernando Jiménez, catedrático de ciencia política y coautor de la encuesta ha sido el que ha presentado los resultados en la rueda de prensa celebrada en la sala multiusos del palacio de las Cortes Valencianas, acompañado del director de la AVAF, Joan Llinares.

Una de las preguntas formuladas.

Entre los principales problemas que preocupan a la sociedad española, la subida de precios se ubica en el primer puesto con un 21,4%, seguido por la política con un 20,3%. La encuesta situaba la corrupción en el 7º lugar, con un 2,3% a nivel nacional. Pero en el caso de la Comunitat Valenciana, la inflación también ocupa un primer lugar, pero con un porcentaje menor del 18,8% mientras que la corrupción y el fraude se coloca en el 8º puesto, por debajo de temas como los efectos de la guerra de Ucrania.

¿Pero qué entienden por corrupción? En un comunicado, la Agencia explica que, principalmente, se cree que el comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto. Además, gran parte cree que no es corrupción si se efectúa por una causa justa o para aportar algún beneficio a la población. En cuanto a si esta corrupción había aumentado o disminuido en el último año, el 43,3% de la ciudadanía considera que no había habido cambios. Sin embargo, el porcentaje de personas que creen que aumentó es del 43% frente al 13% que la corrupción había disminuido en mayor o menor medida.

Ante la pregunta sobre quiénes son más corruptos, los datos que aporta la Agencia manifiestan que el 60% de los ciudadanos perciben a los políticos como los más corruptos, seguidos de un 47% de personas que opinan que son los empresarios, en tercer lugar, estarían los funcionarios y, por último, los ciudadanos. Los encuestados afirmaron que hay candidatos políticos relacionados con corrupción que pueden llegar a votar por simpatizar con el partido. La mayoría de las personas afirman que en caso de no denunciar un caso de corrupción sería porque “no valdría la pena el tiempo y el costo para mí”.

Las Fuerzas Armadas, la policía y la Unión Europea son las instituciones que gozan de mayor confianza y respaldo por parte de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como en la Comunitat Valenciana.

Ante la pregunta de si alguna vez algún funcionario le ha pedido regalos o dinero el 94% de los encuestados ha respondido que “nunca” unos datos que son similares tanto en el conjunto de España como en el de la Comunitat Valenciana.

Sobre la protección que reciben las personas denunciantes de corrupción en nuestro país la mayoría piensa que “proteger a las personas que denuncian la corrupción es una obligación para toda la sociedad” seguido por los “denunciantes de corrupción pueden ser objeto de múltiples represalias” y en tercer lugar y muy por debajo de las dos anteriores se encuentra que “los denunciantes de corrupción ya están suficientemente protegidos por la policía y los jueces”.

Sobre la Agencia Valenciana Antifraude

Esta parte de la encuesta solo se ha cuestionado a los residentes de la Comunitat Valenciana. Un 32% de los entrevistados afirmaron conocer la existencia de la agencia, es decir, 128 personas sí sabían sobre ella frente a 272 que desconocían la entidad. Los menores de 34 años son los que menos la conocen, mientras que la franja de edad de 35 a 49 años son los que más la conocen con un 37%. Es reconocida principalmente por “proteger a quienes denuncian casos de corrupción”.

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana se creó en 2016 y se encuentra adscrita a Les Corts. Se configura como “entidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”. Sirve para prevenir, investigar y combatir el fraude y la corrupción, pero también tiene el objetivo de proteger a los denunciantes. En la encuesta se informaba que en nuestro país la mayoría opina que “proteger a las personas que denuncian la corrupción es una obligación para toda la sociedad”.

El organismo lo dirige Joan Antonio Llinares, elegido por el Pleno de las Cortes Valencianas por mayoría superior y sin ningún voto en contra. Ejerce el cargo con “independencia, inamovilidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y competencias y con plena sujeción a la ley y al derecho”. Posee la condición de autoridad pública y está equiparado a un alto cargo con rango de director general. Su sueldo público lo puedes consultar en este artículo.