Desde Sueldos Públicos hemos publicado algunos capítulos de esta historia que por más que le des vueltas nunca acabas de ver la luz al final del túnel. Siempre hay un dato nuevo que enfanga todavía más el agua y la opacidad devora a la transparencia. Lo último es que el Ejecutivo autonómico oculte información al poder Legislativo. Como en las películas americanas, vamos.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ocultó al Parlament información sobre la gestión de Aigües Ter-Llobregat. Recuerda que esta mercantil pública fue privatizada en 2012 -ganó el proceso Acciona- pero el asunto sigue en los tribunales. Es un culebrón. La cuestión es que la Generalitat, cuya cabeza visible en ese año seguía siendo Artur Mas, respondió por escrito a una pregunta de un diputado de la CUP afirmando “no tener constancia” de que la empresa ganadora de la privatización -ATLL Concesionaria, del grupo Acciona- estaba abonando servicios a una firma filial por valor de 7,4 millones de euros. Según informa El País, el Departamento de Territori lo sabía desde hacía nueve meses. Lo de no tener constancia o responder con la frase “no me consta” empieza a ser habitual. ¿Te acuerdas de la Infanta Cristina o de Esperanza Aguirre?

Y hemos empezado a conocer algunos datos sobre este asunto por un informe de la Oficina Antifraude que se ha hecho público. Claro, no aspirábamos a que la respuesta escrita del Departamento de Territori a la pregunta de la CUP en noviembre de 2014 fuera a ser tan explícita y reveladora como los datos de Antifraude.

La Generalitat mantiene que cuando contestó a la CUP todavía no conocía los pagos y que cuando se dio cuenta -en diciembre de 2014- tras una auditoria los remitió a la Agencia Tributaria porque había detalles irregulares. Y ¿qué dice Acciona? La empresa rechaza que haya existido irregularidad alguna en su gestión.