El incentivo económico por ser nombrado conseller de la Generalitat Valenciana no existe si el ‘agraciado’ viene de ocupar un puesto como secretario autonómico, el segundo cargo en el escalafón del organigrama del ejecutivo autonómico. Es lo que le ha ocurrido esta tarde a Isaura Navarro. La escala retributiva es casi idéntica, solo hay una diferencia de 8,52 euros entre lo que cobra un conseller y un secretario autonómico.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha nombrado a Navarro como nueva consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a propuesta de la vicepresidenta, Aitana Mas, y en sustitución de Mireia Mollà. Hasta ahora, Navarro era secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario en la Conselleria de Sanidad.

Si hacemos una comparación, en el Gobierno de España es de sobra conocido que los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales llegan a cobrar más que los ministros. Estos percibirán 79.746 euros brutos en 2023, sin derecho a pagas extraordinarias ni incentivos, frente a cantidades que superan los 80.000 y pueden llegar a 125.000 euros del resto de cargos inferiores, gracias al complemento de productividad.

En la Comunidad de Madrid, un consejero percibe 100.556 euros anuales, mientras que un viceconsejero, 97.277 euros. En el caso de la Generalitat de Cataluña, un conseller ingresa 117.827 euros y los secretarios o secretarios generales, 93.905 euros, según las tablas retributivas de 2022.

Navarro tiene un sueldo público asignado de 63.747 euros este año. Como consellera, sus ingresos pasarán a 63.756 euros, más la subida prevista para el año que viene. Actualmente son solo 8,52 euros más (resta con decimales). Pasará de depender de un conseller y disponer de tres directores generales en su secretaría autonómica a dirigir una conselleria entera con un subsecretario, dos secretarios autonómicos y nueve directores generales.

La vicepresidenta Mas ha hecho la propuesta de su nombramiento pocos días después de cumplir 100 días en el cargo y considera que hay que hacer cambios que apuestan por la unidad dentro del Botànic II (el nombre que recibe el Gobierno de coalición). En un comunicado, la Generalitat explica que se requiere estabilidad y cohesión ante el difícil contexto socioeconómico. Esta situación obliga al equipo de Puig a centrarse en la aprobación de los presupuestos y en el desarrollo de las políticas transformadoras, particularmente aquellas vinculadas a la protección social de las familias y las empresas valencianas.

Durante una conversación mantenida en el Palau de la Generalitat, Mas ha trasladado Puig la propuesta de cese de Mollà, a quien le agradece su esfuerzo y dedicación de este año. Fuentes del entorno de Mireia Mollà consultadas por EFE han considerado esta medida “incomprensible e injustificada”.

Mollà ha estado en el cargo desde junio de 2019, al inicio de la segunda legislatura de Puig. Su retribución era de 63.756 euros para este año, pero solo podrá percibir la parte proporcional hasta su cese. Además, tenía derecho a percibir una indemnización por residencia de 8.926 euros ya que es originaria de Elche, en la provincia de Alicante. A partir de ahora, Mollà podrá cobrar el sueldo completo como diputada de las Cortes Valencianas, cuyo escaño conserva desde 2007.

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, que ha dejado patente las diferencias con Mollà en materia de energía renovable, tiene una retribución asignada de 32.055 euros y una indemnización por residencia de 4.487 euros. Fue nombrada el 17 de junio, por lo que cobrará el sueldo correspondiente a seis meses y medio en el cargo en 2022. 

Abogada colegiada

En la ficha de Navarro del Portal de Transparencia GVA Oberta, viene reflejado un rendimiento del trabajo de 57.138 euros; dos viviendas y un garaje en la ciudad de Valencia por más de 93.000 euros de valor catastral; siete seguros de vida que suman 135.257 euros; 46.446 euros en ahorros y un plan de pensiones de 10.977 euros.

Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Según su currículum, está cursando estudios de doctorado en el Departamento de Derecho del Trabajo. Es abogada colegiada desde 1988. Ha ejercido la profesión en los servicios jurídicos de Comisiones Obreras del País Valencià.

Fue diputada, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados (2004-2008). Ha sido abogada asesora parlamentaria de la Coalició Compromís (2012-2015); diputada de las Cortes Valencianas entre (2015-2019). Además, también ha ejercido la docencia en cursos de formación de la Generalitat Valenciana.