Han vuelto a tumbar una iniciativa en la que plantean exigir más transparencia a entidades que perciben subvenciones públicas. Esta vez ha sido Vox, pero en otras ocasiones se ha quedado solo Ciudadanos y UPyD, por ejemplo. Incluso el PP, en septiembre de 2010, cuando estaba en la oposición como ahora, de la mano de la entonces portavoz en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, exigió a UGT y a CCOO que hicieran públicas las cifras de “liberados sindicales”. Secundó la petición el actual eurodiputado Esteban González Pons: “los sindicatos deberían contar a los españoles cuántos liberados sindicales está viviendo del dinero público”. Y añadió “lo más importante en este momento es tener transparencia”. Además, criticó que el Gobierno (la segunda legislatura de Zapatero) se había “más de cien veces” a responder cuántos liberados hay en la administración. Lo de hoy no era una cuestión de liberados, pero sí de cuentas, contratos y retribuciones.

“Mientras que a los españoles se nos exige hacer una declaración de la renta donde tenemos que detallar absolutamente todo con transparencia y honestidad, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con los sindicatos de clase, porque resulta que de un tiempo a esta parte parece que, si queremos conocer sus cuentas, en lugar de irnos al portal de transparencia de sus páginas web, tenemos que ir a las Sentencias Judiciales”. Así ha denunciado la senadora de Vox Pepa Millán la opacidad para conocer las cuentas de los sindicatos este jueves en el Senado.

La senadora ha defendido una moción en la Comisión de Trabajo que se ha celebrado en la Cámara Alta, en la que se solicitaba, algo de «sentido común»: exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Sin embargo, el resto de grupos ha rechazado la iniciativa. Este digital comprobó hace dos años que, de los cinco grandes sindicatos que hay en España, solo uno los publicaba y otro no lo hacía porque sus dirigentes no perciben una remuneración.

No paga IRPF

Millán es senadora designada por el Parlamento de Andalucía. Percibe 3.050 euros brutos al mes de asignación constitucional básica. Actualmente, es la portavoz del Grupo Mixto (suele ser rotatorio este cargo en grupos con más de un partido, ya que en septiembre fue portavoz adjunta). Por esta responsabilidad percibe otros 2.897 euros mensuales. Como portavoz de varias comisiones ingresa 1.134 euros al mes. En total, 7.082 euros al mes. Como diputada de fuera de Madrid tiene derecho a percibir una indemnización para gastos de manutención y alojamiento de 1.958 euros libre de impuestos. La asignación, los complementos y la indemnización se perciben en 14 pagas anuales. 

Según la ficha biográfica de Millán, es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, pero no hay referencia alguna a otro empleo fuera de la política. No obstante, en su declaración de bienes y rentas, María José Rodríguez de Millán Parro reconoció unos ingresos de 28.000 euros en 2021 en concepto de “salario por cuenta ajena bruto anual”, pese a que el formulario indica que hay que reflejar cantidades netas. El resto del documento está en blanco: no pagó IRPF, no tiene propiedades, ni ahorros, ni deudas.

En un comunicado de la formación, la senadora ha destacado que “si a los españoles se nos exigen unas obligaciones, a los que reciben el dinero de todos los españoles también se les deben exigir en la misma medida o más”. Y es que, “además de financiarse con el dinero de todos, no cumplen su función. Porque esta opacidad en muchas ocasiones se debe a la complicidad con el mal hacer de los mismos que les utilizan como plataformas a su servicio”, ha denunciado.

Incumplimiento reiterado

Millán ha explicado que la Ley de Transparencia, que se fundamenta en tres pilares -transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno-, sin embargo, “sólo el primero de ellos se aplica a los sindicatos y a las organizaciones empresariales”, ha denunciado Millán. Respecto a la información económica, las organizaciones sindicales están obligadas a hacer públicos los contratos o convenios celebrados con la Administración Pública, así como la información sobre las subvenciones concedidas por las administraciones públicas. Sin embargo, a pesar esto, en los últimos años, muchos de los sindicatos y muchas de las organizaciones empresariales, incumplen reiteradamente su obligación”.

Millán ha apuntado a UGT, cuyo último documento que tienen subido sobre sus cuentas anuales corresponde a 2020. “Un documento bastante escueto y pobre tanto por el contenido como por las escasas referencias a ninguna cifra”, ha denunciado Millán, quien ha enfatizado en que ese mismo sindicato, en 2020, casi un 17% de sus ingresos provenían de las arcas públicas”. Pero también se ha referido a la CEOE, que en los últimos cuatro años ha recibido 26 millones de euros, o de CCOO, que en ese mismo tiempo ha recibido más de 75 millones de euros. “Parece que semejantes cantidades que reciben procedentes del bolsillo de todos los españoles justificarían sobradamente la obligación de publicar toda la información relativa a este dinero”, ha argumentado la senadora andaluza.

La moción

El texto de la moción lleva fecha de registro de entrada de 7 de octubre y bebe en gran parte de argumentos del catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria Mendieta, al que citan como nota al pie y como fuente de algunos gráficos que incorporan en el documento.

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado insta al Gobierno a promover la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a fin de que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida, no sólo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad, y especialmente lo relativo a las siguientes circunstancias:

• Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
• Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.  
• Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
• Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.  
• Los contratos, convenios y subvenciones que puedan celebrar y recibir las organizaciones sindicales y empresariales de los órganos que a efectos de la ley no son Administraciones Públicas, incluso los realizados con entidades privadas.  
• Su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones.  
• La información correspondiente a las ayudas públicas concedidas por las Administraciones Públicas o por otras entidades públicas, y las ayudas de entidades privadas.
• La memoria de actividad. Además, con el mismo fin de garantizar una imagen real y objetiva de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno deberá articular la obligación de crear un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción.  
  

El ejemplo de UGT

El texto de nueve páginas de Vox señala que:

“(…) todo lo relativo a los ingresos y gastos de los sindicatos habría de ser mucho más transparente y ser objeto de escrutinio público. Se ha de reseñar nuevamente la importancia de las partidas públicas que se destinan a estas organizaciones, fundamento que justifica la necesidad de más transparencia. Así, por ejemplo, en el caso de UGT, en los últimos presupuestos publicados, correspondientes al ejercicio 2020, casi un 17% de sus ingresos provenían de las arcas públicas (en miles de euros): 

1. Ingresos obtenidos por la entidad 25.583 euros. 

a) Cuotas de afiliados 20. 723 euros.

b) Otros ingresos propios 512 euros.

c) Subvenciones a la actividad sindical 4.347 euros.

Además, esta organización sindical lleva desde el año 2019 sin publicar sus cuentas anuales”.