María Teresa Fernández de la Vega podrá cobrar un sueldo público más alto a partir de ahora como consejera permanente en el Consejo de Estado que como presidenta del mismo. Es una de las paradojas curiosas que hemos detectado tras hacerse pública su renuncia este jueves. Aunque se formalizará su dimisión el martes, 18 de octubre, durante la reunión del Consejo de Ministros, El Debate lo avanzó a principios de semana y fuentes del citado Consejo lo confirmaron a Europa Press. La noticia no tardó es recorrer todos los digitales. De la Vega cumple así el compromiso con Pedro Sánchez: estar cuatro años como presidenta del Consejo de Estado, acometer reformas en materias de transparencia y digitalización y renunciar al puesto.

Según la página web del Consejo de Estado, “la persona que cese en el ejercicio del cargo de presidente del Consejo de Estado tendrá derecho a percibir, a partir del mes siguiente al de su cese, y durante un plazo igual al que hubiera desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo en el Presupuesto en vigor”. Es decir, De la Vega tiene derecho a percibir durante un máximo de dos años 5.792 euros al mes de indemnización por cese. 

Sin embargo, esta pensión indemnizatoria es “incompatible con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. Actualmente no existe ningún expresidente del Consejo de Estado que esté percibiendo esta pensión indemnizatoria por cese”, según informa la sección de Transparencia de la web del Consejo de Estado.

Hasta ahora, De la Vega estaba cobrando 7.241 euros brutos al mes, más los trienios de antigüedad por su condición de funcionaria. No tiene derecho a pagas extraordinarias ni complementos de productividad. Según los Presupuestos Generales del Estado de 2022, la retribución de este puesto es de 86.900 euros. De la Vega ingresará la parte proporcional a 9 meses y 18 días. 

Para el año que viene, la plaza prevé un 4% más, tal y como te comentamos hace unos días con los sueldos de los altos cargos del Ejecutivo de Sánchez. Serán 90.383 euros, una cantidad ligeramente superior a la fijada para el cargo de presidente del Gobierno: 90.010 euros. En 2021, la presidenta percibió 85.196 euros; en 2020, 84.436 euros; y en 2019, 82.579 euros. Asumió el cargo a principios de julio de 2018. Por lo tanto, aunque para ese ejercicio la remuneración fijada era de 80.953 euros, ingresó, aproximadamente, la mitad. Según cálculos realizados por Sueldos Públicos, De la Vega habrá cobrado más de 321.000 euros como presidenta del Consejo de Estado desde su nombramiento y hasta su cese del próximo martes. 

De la Vega tiene la opción de volver a su cargo de consejera permanente en el mismo Consejo de Estado, de carácter vitalicio, y por que el percibirá una retribución más elevada y “más compleja” que el percibido hasta ahora.

Así, los consejeros permanentes de Estado y los consejeros natos de Estado, con carácter vitalicio, perciben este año (hemos omitido los decimales):

• Sueldo anual (12 mensualidades): 14.580
• Complemento de destino (12 mensualidades): 25.483
• Complemento específico (14 mensualidades): 39.672
• Paga extraordinaria sueldo (2 anuales): 1.571
• Paga extraordinaria c. destino (2 anuales): 4.247
• Complemento de productividad: 34.223,11
• Trienios (14 mensualidades): El importe correspondiente al número y cuerpo de procedencia, en su caso.

Retribución total anual: 119.778 euros. Para 2023 se ha fijado un aumento del 4%. En total, 124.569 euros mientras que el cargo de presidente ‘solo’ está remunerado con 90.383 euros. Actualmente no existe ningún consejero nato de Estado, con carácter vitalicio.

 

Número 1 de su promoción

María Teresa Fernández de la Vega nació en Valencia en 1949. Ha sido jefa de Despacho del Gabinete de un ministro, directora general, secretaria de Estado, diputada, vicepresidenta del Gobierno, ministra y portavoz del Gobierno, consejera permanente del Consejo de Estado y es, por ahora, presidenta del Consejo de Estado. Lleva más de 40 años cobrando sueldos públicos en política, como docente y en la carrera judicial.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y jurista especializada en Derecho Comunitario por la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo (Francia).

Ha sido profesora de Derecho del Trabajo en la UB (Universitat de Barcelona) y en la UCM (Universidad Complutense de Madrid) y profesora-tutora en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). En 1982 fue nombrada jefa de Despacho del Gabinete del Ministro de Justicia. Entre 1985 y hasta 1989, fue directora general de Servicio del Ministerio de Justicia. En ese año ingresó en la carrera Judicial como Magistrada, con el número 1 de su promoción. Un año más tarde, ya era vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo que ostentó hasta 1994. Fue diputada en el Congreso entre 1996 y 2011.

Entre 1994 y 1996 fue secretaria de Estado de Justicia. En 2004 se convirtió en la primera mujer vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. También fue la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros.

En 2010 fue nombrada consejera permanente y presidenta de la Sección Séptima del Consejo de Estado. En julio de 2018, se convirtió, como hemos mencionado, en la primera mujer que preside el máximo órgano consultivo del Gobierno.

Fernández de la Vega es Doctora Honoris Causa por la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) en 2011, por su contribución en la lucha contra la discriminación por razones de género y Premio Igualdad 2020 concedido por la Universidad de Alicante. Entre otras condecoraciones, ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, según los datos biográficos publicados en la web del Consejo de Estado.

La exministra de Trabajo en el primer Gobierno de Sánchez, Magdalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado, según fuentes confirmadas por Europa Press. Cobrará 7.241 euros al mes hasta final de año y en 2023, 90.383 euros divididos en 12 pagas. A estas cantidades habrá que sumar los trienios de antigüedad por su condición de funcionaria.