El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada o de “Secretos Oficiales” como popularmente se la conoce y que actualmente tramita el Gobierno para sustituir a la de 1968, no garantiza un equilibrio entre la clasificación de información y el derecho a la libertad de información, la rendición de cuentas y la transparencia, tal y como su propósito expresa, según un análisis conjunto de Hay Derecho, Más Democracia, Access Info y Transparencia Internacional España.

En un comunicado, estas organizaciones que velan por la calidad de nuestras instituciones públicas y la rendición de cuentas, han querido celebrar el Día Internacional del Acceso Universal a la Información argumentando que una Ley de Información Clasificada no puede permitir, en aras de una supuesta seguridad nacional, potenciales violaciones de los derechos humanos y mucho menos los delitos de lesa humanidad. Una Ley de Información Clasificada no puede ser valedora de la “Agenda Oculta del Estado” ni de prácticas ajenas a nuestro ordenamiento constitucional. Su objeto es la protección de la seguridad y defensa nacional, pero siempre en el marco del sistema constitucional. Se puede admitir una reserva temporal, pero la transparencia debe brillar al final del periodo legalmente establecido y, en todo caso, la reserva debe ser la excepción y no la regla en la actuación del Estado.

El texto alerta de que la pretensión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez con este Anteproyecto de ley es que altos cargos nombrados a dedo, que con frecuencia no son funcionarios y tienen escasa formación en la Administración General del Estado, tengan la potestad para decidir cómo clasificar documentos oficiales y establecer un nivel de confidencialidad sin criterio ni control.

A nivel ministerial, hablamos de secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales. Si bien en algunos departamentos la mayoría de estos puestos están copados por funcionarios con dilatada experiencia y adecuada formación académica, en otros, las plazas están ocupadas por personas afines al partido político de turno y su puesto se debe más a favores personales, compensaciones por los servicios prestados en el pasado o por compensar cuotas de poder a nivel autonómico. Tienes un ejemplo en este enlace, donde una enfermera, cuota socialista de Murcia, ocupa la presidencia de una empresa estatal de tecnología naval con un sueldo de más de 100.000 euros brutos anuales. Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, son puestos con sueldos públicos que superan, gracias al complemento de productividad, los 80.000, 900.000 o más de 120.000 euros en algunos casos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes muestran su preocupación ante el anteproyecto de Ley que tramita el Gobierno por estos motivos:

Motivación de la clasificación: Es necesario que las decisiones de clasificación se den en un marco justificado y motivado de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El Anteproyecto permite clasificar ámbitos enteros de materias que no guardan relación con la defensa o la seguridad nacional, contraviniendo directamente principios del Derecho Internacional en la materia como los recogidos en la observación General Nº 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que considera incompatible con el derecho a la libertad de expresión suprimir información que no afecte directamente a la seguridad nacional.

Legitimados para clasificar: Es criticable también que un gran número de altos cargos o de cargos de nombramiento político pueda clasificar materias prácticamente sin ningún control y ningún asesoramiento de tipo técnico según establece el artículo 4. De manera que todo queda en manos de los órganos que son de carácter político y que, además, en el caso de la clasificación como restringido o confidencial, pueden incluso delegar esta facultad.

Derechos fundamentales: El Anteproyecto de Ley debe asegurar el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito de la libertad de información y el derecho de acceso a la información pública. Además, se debe evitar que los procesos de destrucción de información clasificada complementaria se den de forma sistemática, para evitar que se elimine información valiosa en términos del derecho a saber y la rendición de cuentas. Asimismo, el texto legal no garantiza que no se use la clasificación de información para ocultar violaciones graves de derechos humanos o violaciones generalizadas de la intimidad, tal y como exigen los estándares internacionales.

Plazos para desclasificar la información: Los plazos para la desclasificación automática son excesivamente largos. Por ejemplo, la información clasificada como Alto Secreto se desclasificaría en 50 años, prorrogables 15 años más. Que se establezcan plazos legales de desclasificación supone un avance respecto a la ley vigente, pero su extensión, unido a la amplitud de asuntos susceptibles de clasificación que ya se ha mencionado, facilita la ocultación de información, minando de esta manera el derecho a la libertad de información y a la rendición de cuentas, esenciales en un Estado democrático de Derecho.

Legitimación para recurrir las decisiones de clasificación. El texto incluye la legitimación para recurrir únicamente en favor de la persona directamente afectada, lo que impide a las organizaciones de la sociedad civil su papel de fiscalización. Además, el recurso judicial es ante el Tribunal Supremo, no existiendo ninguna vía de reclamación gratuita previa, lo que plantea problemas graves de control judicial “de facto”; el ciudadano de a pie no tiene ni los medios ni el tiempo para pleitear contra el Estado ante el Tribunal Supremo.

Incumplimiento en el propio procedimiento: por último, conviene destacar la mala praxis de este procedimiento. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley el 1 de agosto, que se sustanció por el proceso de tramitación urgente, el cual por ley prescinde del trámite de consulta pública y reduce sólo a siete días el trámite de audiencia pública (3 a 12 de agosto), lo que ha limitado en la práctica la posibilidad de participar presentando alegaciones por parte de la sociedad civil organizada y sin motivar adecuadamente las circunstancias que sirvieron de fundamento para haber optado por esta vía de urgencia

En relación a los puntos arriba mencionados, Hay Derecho, Más Democracia, Access Info y Transparencia Internacional España, reclaman tanto al Gobierno de España como a los grupos políticos, que enmienden el texto propuesto y aseguren la aprobación de una Ley de información clasificada acorde con los principios constitucionales y el Estado de Derecho.