¿No te llega la nómina para una semana de vacaciones? ¿Eres autónomo y no sabes lo que es una paga extraordinaria? ¿La inflación se come tu sueldo a bocados y tu jefe no te sube el sueldo? No te apures. Siempre existen colectivos que están peor que tú, pero también hay otros, al menos en el sector público, que mejoran sus condiciones retributivas gracias a que algunos políticos y organizaciones sindicales recogen sus reivindicaciones históricas y acaban materializándose en hechos concretos: ya sea ganando más dinero o mejorando las condiciones laborales.

Hace unas semanas nos hicimos eco de lo que estaba cobrando la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras el anuncio de su dimisión. Además, también dimos cuenta del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con Transparencia Internacional España por el que se prorrogaba por cuatro años un convenio de colaboración entre ambas instituciones para, entre otras cuestiones, publicitar las retribuciones de los jueces y magistrados a cargo del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop. Esta cumplió el pasado 12 de julio un año en este cargo. Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, Llop cobró 38.901 euros brutos por algo más de cinco meses y medio como ministra en 2021. Según el BOE, la retribución asignada para un ministro es de 76.355 euros en 12 pagas de 6.363 euros en 2022.

Pues bien, recientemente, este departamento ha aprobado dos programas de actuación para mejorar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales.

En un comunicado, Justicia explica que, en relación a las entradas y registros, la creciente complejidad de las formas de criminalidad exige cada vez con más frecuencia la presencia de un mayor número de LAJs, por lo que en ocasiones debe recurrirse a quienes no se encuentran de guardia, en horas nocturnas y con una duración imprevisible. Así, la retribución por este concepto se incrementa un 300%, pasando de 30 a 110 euros. (Según cálculos realizados por este digital, el incremento es del 266%).

Esta medida se hace extensible igualmente a los gestores de la Audiencia Nacional que deban actuar en funciones de fedatarios públicos en estas diligencias, conforme prevé el artículo 451.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a determinadas actuaciones en que se requiera la actuación de letrados que no se encuentren de guardia para atender diligencias perentorias que no pueden atenderse desde el juzgado de guardia.

Los LAJs intervienen en las entradas y registros en domicilios o locales privados una vez autorizadas judicialmente, conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, actuando como garantes de la legalidad en el desarrollo de la diligencia y del pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, dejando constancia de todo lo acontecido en un acta cuyo valor probatorio está amparado por la fe pública judicial.

Respecto al régimen de sustituciones, el Ministerio de Justicia incluyó su modificación en el plan anual normativo de 2022, y ha iniciado la tramitación de los reales decretos que regulan las retribuciones del cuerpo, con la finalidad de asimilarlo al sistema de retribución de las sustituciones para las carreras judicial y fiscal.

El nuevo plan permite una retribución más adecuada, ya que con anterioridad al mismo las retribuciones por sustitución estaban vinculadas a objetivos medios no siempre adecuados a los órganos sustituidos, en lugar de percibir una cuantía fija predeterminada.

El Ministerio de Justicia “ha hecho un esfuerzo enorme", según Llop, para aumentar la dotación destinada a este colectivo de profesionales, que venía reclamando la subida al considerar insuficiente las cuantías establecidas para las actuaciones extraordinarias en ambos supuestos.

Asistencia jurídica gratuita

Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha transferido el importe de 5,87 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por los servicios de asistencia jurídica gratuita correspondientes al turno de oficio de marzo y abril, y asistencia al detenido y violencia de género de mayo. Cabe destacar que la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, cobró 113.752 euros brutos en 2021, incluidos 10 trienios de antigüedad, según Transparencia.

Asimismo, el Ministerio que dirige Llop ha aprobado el gasto de 6,1 millones correspondiente al turno de oficio de mayo; y asistencia al detenido, violencia de género, gastos de infraestructura y turno de oficio del mes de junio. “Es evidente el compromiso que tiene este Gobierno con la asistencia jurídica gratuita y con el turno de oficio", ha asegurado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Este asumió el cargo el 8 de diciembre del año pasado. Cobró 7.317 euros por tres semanas de trabajo. En 2022 podrá ingresar más de 100.000 euros gracias al complemento de productividad. No es funcionario. Su predecesor, Pablo Zapatero, cobró 115.009 euros en 2021.

Tras la aprobación del nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita el pasado año, el CGAE debe presentar ante el Ministerio de Justicia las certificaciones mensuales para el pago de la asistencia jurídica gratuita en un formato que permita su tratamiento automatizado.