Recibir dinero público supone rellenar y presentar una serie de documentos, seguir directrices, cumplir requisitos y controlar el proceso de ejecución, evaluación y seguimiento del destino de ese dinero. Es una manera que tiene la Administración Pública de asegurarse que el esfuerzo del contribuyente se emplea correctamente y va directo a los fines para los que se aprobó.

En este sentido, durante la pandemia por la Covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez creó una línea de ayudas para grandes empresas con el fin de rescatarlas. Una de las compañías que lo solicitó fue Air Europa. En noviembre de 2020 publicamos que había recibido un préstamo de 475 millones de euros, pero desconocíamos el sueldo de su presidente.  

Algo parecido, pero con cantidades más modestas y otro tipo de información, es lo que ha analizado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD). Este órgano está dirigido por Jesús Jiménez López y cobró 64.638 euros brutos en 2021.

El CTPD ha constatado una serie de incumplimientos en materia de transparencia en empresas que perciben subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros. Así lo ha revelado el segundo ‘Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa’ llevado a cabo por la autoridad de control, que responde a la obligación que tienen estas entidades de publicar determinada información exigida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El órgano de control ha tomado como muestra un conjunto de sociedades mercantiles (tanto sociedades anónimas como de responsabilidad limitada) que ha recibido el importe de subvención más alto superior a los 100.000 euros por parte de la administración autonómica, información extraída de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía.

Del examen y análisis de la web corporativa de cada una de estas empresas se han dictado resoluciones en las que se les ha requerido la subsanación de los presuntos incumplimientos detectados. Las sociedades inspeccionadas han compartido, en un alto porcentaje, los mismos incumplimientos, todos relacionados con falta de publicación de información institucional, organizativa y de planificación, además de económica, presupuestaria y estadística.

En primer lugar, el Consejo ha observado que no publican en sus páginas webs o portales, en líneas generales, las funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación, así como su estructura organizativa. A este último respecto, la legislación de transparencia les obliga a incluir un organigrama actualizado que identifique gráficamente a las personas responsables de los diferentes órganos, junto a su perfil y trayectoria profesional.

Esta representación gráfica debe permitir conocer, de forma fácil, sencilla y sintética, la estructura orgánica, los niveles de jerarquía y las relaciones existentes entre los distintos órganos, así como el nombre y apellidos de sus responsables (además de teléfono y correo electrónico corporativo). De la misma forma, este organigrama ha de estar datado para identificar la realidad organizativa actual de la empresa.

En relación a la normativa de aplicación a publicar, las empresas deben poner a disposición de la ciudadanía la información que resulte ilustrativa para satisfacer esta exigencia de publicidad activa, como por ejemplo las normas básicas que se les apliquen, los estatutos de la sociedad, etc.

Contratos y convenios

Otro de los incumplimientos más reiterados por parte de las mercantiles es la falta de difusión de los contratos suscritos con las Administraciones Públicas. Es importante recordar que las empresas deben facilitar en su página web todos los contratos, indicando objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, número de licitadores, identidad del adjudicatario o posibles desistimientos y renuncias.

Igualmente, las empresas están obligadas a dar publicidad a los convenios celebrados con el sector público, con el detalle de las partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas y obligaciones económicas convenidas.

En el supuesto de que la información relativa a contratos y convenios no exista o simplemente se carezca de ella, las sociedades deben expresar esta circunstancia, para dar cumplimiento a la exigencias de publicidad activa.

Subvenciones y ayudas

Es preciso remarcar también que las sociedades deben publicar las subvenciones y ayudas públicas recibidas de las Administraciones Públicas, detallando su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, extremo que en diferentes ocasiones no se ha visto cumplido.

Estrechamente relacionado con esta última exigencia se encuentra aquella relacionada con la obligación de divulgar en sus webs corporativas la información de carácter presupuestario que refleje los fondos públicos percibidos, es decir, las cuentas anuales que deban rendirse.

Todos estos requerimientos realizados han de cumplir con los principios generales que articulan el sistema de publicidad activa en Andalucía, entre los que se encuentran el relativo a la publicación de la información de una manera clara, estructurada y entendible, así como que sea comprensible y de acceso fácil. Igualmente, debe garantizarse su certeza y exactitud, asegurando que procede de documentos de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.

Una vez dictadas las resoluciones con los requerimientos solicitados a las empresas, el Consejo ha confirmado una evolución en el cumplimiento de la normativa de publicidad activa de las mercantiles y una considerable mejora en la información a difundir en sus diferentes portales, de manera que se están cumpliendo progresivamente las exigencias marcadas en la legislación de transparencia.