Un alcalde vizcaíno oculta los sueldos de los dos puestos públicos de la secretaria municipal
El Ayuntamiento de Sopela ya ha protagonizado en los últimos meses otros casos de restricción de la información pública.
*Este artículo se publicó el 15 de junio en el blog del periodista, Alberto Uriona, 'A la Contra'. Uriona ha autorizado a este digital reproducirlo en su totalidad.
El sueldo público del alcalde es de 53.993 euros brutos anuales en 2020, según los datos de ISPA, facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En 2015, la retribución era de 51.000 euros y en el mandato anterior, de 44.181 euros, según publicó El Correo. Por el momento, la redacción de Sueldos Públicos no ha encontrado el dato de la retribución del alcalde ni un Portal o sección de Transparencia al uso en la página web municipal.
El alcalde del municipio vizcaíno de Sopela, Josu Landaluze (PNV), está ocultando los sueldos de los dos puestos públicos que ocupa la secretaria municipal de esta localidad. Las actividades le reportan un salario anual de más de 120.000 euros, según la documentación oficial. El alcalde se ha negado además a especificar la dedicación en tiempo de la secretaria en un escrito que, curiosamente, está firmado por la propia afectada, quien califica de “abusiva” la petición.
En julio del pasado año, Laura Arana es nombrada por el denominado mecanismo de acumulación como secretaria de la Mancomunidad de Uribe Kosta, que agrupa a siete municipios de esta comarca, entre ellos el de Sopela, para ofrecer servicios sociales, igualdad o de consumo. El nombramiento se produce pocos meses después de que el alcalde Josu Landaluze fuera designado presidente de la Mancomunidad.
El mecanismo de acumulación es una figura que se utiliza habitualmente en los ayuntamientos vascos para cubrir los puestos de secretariados municipales en localidades de poca población y que no requieren una dedicación completa. Así, el titular puede compatibilizar las dos ocupaciones.
Pero en el caso de la Mancomunidad de Uribe Kosta, la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2019 establece que el puesto de secretaria requiere una dedicación completa y le asigna un complemento específico de 33.064 euros.
Desde principios de año, el concejal de Denok Batera Sopela, Jon Andoni Gerediaga, ha solicitado explicaciones, tanto en el Ayuntamiento como en la Mancomunidad, sobre la doble dedicación de la secretaria, los salarios que percibe y el tiempo que dedica a ambos puestos.
Un decreto de alcaldía del pasado 21 de febrero, firmado por el alcalde y la propia secretaria municipal, deniega facilitar esa información referida al Ayuntamiento por “respeto a la protección de datos” dictada por la ley de 2013. Agrega que los datos pedidos están publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia sin especificar ninguna fecha. Pero en el Boletín no consta ninguna información sobre dichas retribuciones.
Sobre la Mancomunidad, aunque esté presidida por el alcalde, asegura que “ni dispone ni puede facilitar el acceso a los expedientes” por tratarse de otra administración pública.
La Mancomunidad de Uribe Kosta también ha denegado la petición, en una resolución del pasado 29 de marzo, en la que califica por tres veces de “abusiva” la solicitud del edil por tratarse de “datos personales”. Señala la información pedida ya se refleja en el Boletín Oficial del 9 de abril de 2021, donde aparece una asignación, para la secretaria municipal, por complemento específico de 34.253 euros y con dedicación completa.
El Ayuntamiento de Sopela ya ha protagonizado en los últimos meses otros casos de restricción de la información pública. Como ha publicado este blog, niega desde hace más de dos años el acceso ágil a los expedientes municipales a solo una parte de la oposición. Y la Justicia ha archivado la denuncia que presentó el alcalde contra el edil de la oposición Jon Andoni Gerediaga, con la que se valió para echarle del gobierno municipal.
Además, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha frenado un cambalache urbanístico para reducir las viviendas protegidas en el municipio.
El último episodio en este municipio de poco más de 14.000 habitantes evidencia el oscurantismo que persiste en muchos ayuntamientos vascos. Pese a que a las instituciones se les llena la boca con sus normas de transparencia, la realidad es a menudo otra. ¿Qué sentido tiene ocultar una retribución de un funcionario público, sin aportar sus datos personales? ¿Y explicar el tiempo que dedica si tiene dos ocupaciones en administraciones? ¿Y por qué en el Open Data del Gobierno vasco aparecen las retribuciones de empleados públicos y no en los ayuntamientos? Eso no es protección de datos. Se llama ocultación de cómo se dedica el dinero de todos y todas.
