Durante décadas, nuestra Comunidad se ha visto lastrada de manera constante por portadas y noticias referidas a la corrupción que rodeaba al partido del gobierno socialista, sus principales figuras políticas y varios actores económicos, políticos y sociales. Los andaluces recibían injustas críticas por mor de una clase política indigna, que se aprovechaba de sus posiciones para lograr pingües beneficios, perpetuar sus posiciones de privilegio y extender redes clientelares. Ciudadanos llegó a la política con el objetivo de destejer la complicada madeja trazada, tanto aquí como en toda la política nacional, y restaurar el buen nombre de la política, persiguiendo y castigando a aquellos que defraudan el dinero de sus conciudadanos.

Así empieza uno de los bloques del programa electoral de Ciudadanos a las elecciones de Andalucía del 19 de junio, el relacionado con “La Andalucía de las reformas, la Andalucía libre de corrupción”. Durante los próximos días de campaña, desgranaremos el contenido de las propuestas del resto de los principales partidos políticos.

La formación liberal, en horas bajas desde mitad de legislatura, ha publicado este viernes su programa electoral. Hay un bloque sensible para Sueldos Públicos. Todo lo que tiene que ver con las retribuciones de los cargos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción o el estatuto del alto cargo. El partido ‘naranja’ que lidera Juan Antonio Marín en esta región podría perder casi todo su capital, según las últimas encuestas. En la legislatura vencida tuvo 21 diputados, incluida la presidencia del Parlamento de Andalucía, con Marta Bosquet. Hasta ahora, estaba percibiendo, en los meses de paga extra, 6.400 euros netos y 2.000 euros libres de impuestos para gastos. 

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín.

La mayoría de estudios demoscópicos le otorgan menos de un cinco por ciento de porcentaje de voto válido y entre dos y cuatro escaños. Solo en el primer trimestre de este año, el grupo parlamentario percibió 514.479 euros de subvención para gastos de funcionamiento.

Son 171.493 euros mensuales. El año pasado, algo más de dos millones para este cometido. Hace unas semanas, en una entrevista en Antena 3, Marín reconocía que cobraba unos 58.000 euros brutos anuales (debe ser un error de la web), 3.747 euros netos al mes. Sin embargo, la tabla de retribuciones de la Junta de Andalucía indica que el vicepresidente cobra 68.150 euros en 2022.

Según el Portal de Transparencia de la cámara autonómica, un total de ocho diputados ‘naranjas’ comunicaron 12.616 euros en gastos de formación en 2021. Además, en 2019, Juan Antonio Marín percibió 1.500 euros en concepto de gastos de viajes.

Las principales propuestas de Ciudadanos en materia de transparencia y corrupción para Andalucía son, en ocasiones, buenos deseos, fantásticas intenciones y hasta una decidida voluntad política. Pero, como suele pasar en estos casos, todo puede quedarse en el papel, sin compromiso alguno. Y sin representación parlamentaria, nada de lo expuesto a continuación podrá llevarse a la práctica. Destacamos:

• Lograremos la supresión de los aforamientos de diputados, miembros del Gobierno y del presidente, paralizada por el final de la legislatura.
  
  
• Retomaremos el impulso de reforma del Estatuto de Autonomía que permita garantizar la limitación de mandatos del presidente de la Junta, en consonancia con nuestros compromisos adquiridos con los votantes.
  
  
• Ampliaremos las obligaciones de colaboración de las administraciones públicas con la fiscalización de sus actuaciones, estableciendo la obligación de auditoría anual ante la Cámara de Cuentas a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, y habilitando la imposición de multas para aquellos que no rindan cuentas.
  
  
• Reformaremos la Cámara de Cuentas para reducir el número de consejeros a cinco, elegidos en un procedimiento público y abierto de selección de candidatos y que acabe contando con el respaldo de, al menos, tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Andalucía.
  
  
• Racionalizaremos y ordenaremos los salarios de diputados, consejeros y presidente, instando al Gobierno de España a hacer lo propio, con una completa fiscalización de gasto. (No detalla más la propuesta. No sabemos si eso significa reducir la asignación básica, suprimir la cantidad exenta de tributación para gastos (hasta 500 euros semanales dependiendo de la distancia), recortar los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía (hay gobiernos autonómicos con retribuciones mucho más elevadas que la de Juan Manuel Moreno Bonilla).
  
  
• Reformaremos el sistema de nombramiento de consejeros en órganos de extracción parlamentaria, todos ellos, para garantizar la despolitización, siguiendo el mismo modelo con el que se ha procedido con la Cámara de Cuentas.
  
  
• Insistiremos en la necesidad de evaluaciones y fiscalización constante, tanto de los partidos políticos como del Gobierno de la Comunidad.
  
  
• Impulsaremos el análisis objetivo de los programas políticos de los partidos concurrentes a elecciones, evaluando sus memorias económicas, subidas y bajadas impositivas y gastos propuestos.
  
  
• Realizaremos una nueva evaluación de las entidades dispersas en la administración paralela dejadas como legado por sucesivos gobiernos socialistas, para identificar todas aquellas áreas que pueden ser suprimidas, eliminar duplicidades y reducir ineficiencias. Es necesario que eliminemos todo vestigio de redes clientelares.
  
  
• Impulsaremos el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia, paralizado por la convocatoria electoral, y que servirá para concretar y ampliar las obligaciones de información por parte del Gobierno, organismos públicos y contratistas.
  
  
• Seremos la mejor garantía de vigencia y continuación de la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y la protección de las personas denunciantes, una de las mayores conquistas en esta materia en España.
  
  
• Impulsaremos la comisión de investigación de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), cuyo dictamen quedó en suspenso, habida cuenta de la convocatoria electoral.
  
  
• Reformaremos la ley electoral para caminar hacia un modelo más proporcional, que haga buena la idea de “un andaluz, un voto”, sin importar sus circunstancias de nacimiento.
  
  
• Garantizaremos que los ciudadanos puedan elegir a todos sus representantes, desbloqueando las listas electorales, para que los andaluces puedan decidir qué candidatos quieren que les representen dentro de la candidatura que más les guste.
  
  
• En el marco de esta reforma, haremos que sean obligatorios, por ley, al menos dos debates electorales en cada campaña electoral, con la concurrencia de los candidatos de todos los grupos parlamentarios con representación, sin descontar posibles adiciones por mor de las circunstancias.
  
  
• Reforzaremos el cumplimiento de la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, garantizando que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción no solo no puedan ocupar cargos públicos, sino que no puedan ir en listas electorales.
  
  
• Fiscalizaremos la contratación de asesores y asistentes, de tal manera que la ciudadanía pueda evaluar quiénes han sido contratados y qué funciones ocupan.
  
  
• Impulsaremos el Estatuto del Alto Cargo, para garantizar que aquellos perfiles que deben ser técnicos no se vean politizados por mor de la acción de los partidos políticos.
  
  
• Impulsaremos un diálogo con otras Comunidades Autónomas, partidos nacionales y el Gobierno de la nación para la extensión de estas medidas en todo el país, así como una reforma de la Ley Electoral que garantice una mejor representación de la voluntad de los ciudadanos en todo el territorio español, y no solo en algunos.
  
  
• Cumpliremos con las recomendaciones de la AIReF, confiando en la misma para la evaluación del grado de cumplimiento de los programas electorales.
  
  
• Impulsaremos el desarrollo de una Ley de Regulación de la actividad de los grupos de interés y “lobbies”, de tal manera que los ciudadanos puedan tener información actualizada y veraz para una mejor fiscalización de la actividad política.