​Cataluña lidera los Registros de Transparencia de lobbies y APRI apremia a regular el sector antes de que finalice la legislatura

Lo hemos comprobado esta semana pasada con la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el Congreso de los Diputados. Varios sectores implicados, incluidas consultoras de asuntos públicos, han intervenido durante todo el proceso legislativo para intentar contactar con los grupos parlamentarios con la finalidad de incluir enmiendas para ‘pulir’ un texto que les beneficie.

En abril de 2021, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)* publicó un documento que recogía los resultados de la investigación realizada por Deusto Business School de junio de 2020 a diciembre de 2020, por encargo el Foro Empresarial APRI, en torno a la visión de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby por parte de los poderes públicos que mantienen de manera habitual u ocasional relaciones o contactos con los grupos de interés en el desarrollo de la acción legislativa o de gobierno. Dentro de los hallazgos encontrados destacan siete conclusiones principales:

• Una mayoría de políticos se relaciona con los grupos de interés de forma natural y desprejuiciada (96,7% de los representantes y cargos públicos encuestados ha tratado en algún momento con ellos);
• Las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos (83,9% de los encuestados ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales y colegios profesionales (85,6%, en el caso de asociaciones comerciales, empresariales o profesionales con ánimo de lucro);
• El contacto presencial es la vía preferida por los políticos para gestionar la comunicación con los grupos de interés (interés; el 92,4% de los encuestados recurría a ella antes de la crisis sanitaria).
• La utilidad en la relación con los lobbies abarca múltiples dimensiones en el ciclo de las políticas públicas, como consecuencia del mejor conocimiento que tienen los agentes afectados de la realidad (el 63,8% de los encuestados opina que genera legitimidad).
• Los argumentos de los grupos de interés deben plasmarse documentalmente con rigor, claridad y concisión, para que sean tomados en consideración por los políticos (los documentos considerados más útiles por los encuestados son los informes sobre el impacto de las actuaciones: 81%).
• Es imprescindible mejorar el marco jurídico que regula los grupos de interés y su actividad ante las instituciones (sólo el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual).
• La participación de los grupos de interés en las políticas públicas se ha normalizado en los últimos años en España, aunque todavía queda mucho camino que recorrer (Solo el 33,6% opina que el marco jurídico que ampara esta actividad ha mejorado).

Recomendaciones

Asimismo, y gracias a los resultados obtenidos, desarrolla propuestas y recomendaciones destinadas a mejorar la actividad de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobbying a través un decálogo de recomendaciones para el desarrollo de un lobby profesional:

• Planificar la comunicación con las instituciones.
• Acertar con la interlocución dentro de las instituciones, establecer un contacto temprano y de manera proactiva.
• Cuidar la relación con las instituciones para que sea fluida y se desarrolle en un clima de confianza.
• Conocer el marco jurídico y procedimientos en los que se desenvuelven los poderes públicos.
• Considerar las prioridades y planes de la administración o partido político con el que se entabla relación.
• Presentar argumentos y propuestas que conecten sus intereses con los de otros agentes afectados y la propia sociedad.
• Buscar sinergias con otros grupos de interés.
• Fundamentar con rigor y claridad las propuestas y acompañarlas de documentación relevante para la toma de decisiones.
• Ser transparente ante los poderes públicos en la identificación de los intereses representados y en los objetivos pretendidos.
• Mantener en todo momento una postura de neutralidad política, comprensión y respeto hacia los poderes públicos y sus titulares.

Cataluña

Según ha recordado este lunes Dircomfidencial, APRI lleva años defendiendo una regulación nacional de los grupos de interés, que permita impulsar el reconocimiento de esta actividad y promueva su transparencia. Concretamente, propone la constitución de un Registro de Transparencia obligatorio, público y gratuito, accesible electrónicamente.

La asociación urge que se acelere la tramitación de esta Ley antes de finales de 2023. De lo contrario finalizará la legislatura (contando que no haya adelanto electoral) y habría que volver a empezar desde cero. Para la Asociación esto “llevaría a la desconfianza y la crítica por parte de las organizaciones internacionales que mantienen una vigilancia sobre España en esta materia sobre la voluntad real de los grupos políticos de introducir la transparencia necesaria”.

La legislación autonómica le lleva la delantera a la nacional. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha ya tienen en vigor una normativa que obliga a los lobbies a inscribirse en un Registro de Transparencia, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, único municipio con esta regulación-. Asturias, Castilla León, Murcia, Canarias, País Vasco y Navarra, están de camino.

Entre todas las regiones que disponen de un Registro de Transparencia en vigor, Cataluña -primera autonomía que lo aprobó en 2017- es la que más grupos de presión tiene registrados (4.527). Le sigue el Ayuntamiento de Madrid (762), la Comunidad de Madrid (746), la Comunidad Valenciana (211) y Castilla la Mancha (47).

APRI defiende en su propuesta del Registro nacional que se inscriban todas aquellas personas o empresas que ejercen el lobby, independientemente de su tamaño y actividad, que incluye tanto pequeñas organizaciones -como podría ser una asociación de vecinos- o grandes corporaciones como patronales, sindicatos o corporaciones profesionales. Esto significa que las agencias y consultoras que presten servicios de asuntos públicos también estarían obligadas a inscribirse y no sólo sus clientes.

Actualmente, en los Registros de Transparencia regionales están inscritas firmas como LLYC, Acento, Kreab, Reti España, Atrevia, Evercom, Harmon, Grayling, Vinces, Roman, Political Intelligence, Estrategos o Trescom Comunicación.

*APRI es una asociación de ámbito nacional, sin fines lucrativos ni carácter político alguno que representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España. Su web explica que agrupan y representan a todas aquellas personas físicas y jurídicas que voluntariamente deseen formar parte de la misma y que tengan como actividad profesional principal las relaciones institucionales, asuntos públicos o lobby, entendiéndose como tal la función de trasladar intereses legítimos a las administraciones públicas en general y en especial a los poderes legislativos y ejecutivos tanto a nivel europeo como estatal y autonómico.

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